Milei firmará un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas
Así lo confirmó Manuel Adorni en su conferencia de prensa. Se ampararán en el artículo 9 de la Ley de reforma del Estado impuesto en la década de los 90'.
Otro conflicto más entre Javier Milei y Aerolíneas Argentinas. Luego del fallo de la Justicia de Trabajo a favor de los gremios aeronáuticos y suspender el DNU establecido a finales de diciembre de 2023, el actual presidente de la Nación no quiere dar brazo a torcer. Y es que ahora, firmará un decreto para ponerla sujeta a privatización y darle cierre a uno de sus focos de campaña.
El encargado de darle voz a la nueva medida impuesta por el actual presidente fue Manuel Adorni, vocero del mandatario libertario en su tradicional conferencia de prensa durante este viernes. “El Presidente va a firmar el decreto que declara a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, como lo habilita el artículo 9 de la ley 23.696, llamada de reforma del Estado”, confirmó.
Pese a que uno de los principales objetivos de la gestión libertaria era quitar la estatización a diferentes empresas, el tema de Aerolíneas Argentina fue uno de los que mayores conflictos ha generado en los últimos meses, a los que se sumaron paros, cancelaciones de vuelos y quejas de los pasajeros.
Tal es el enfrentamiento que viene arrastrando el gobierno nacional con los gremios aeronáuticos que este jueves, la Justicia del Trabajo N°42 estableció una medida cautelar la interrupción de los decretos 825/24 y 831/24 en donde se habían establecidos a la línea de bandera como servicio esencial y darle freno a los diferentes paros que se realizaron durante las últimas semanas por parte de los gremios. Una grieta que sigue sin tener solución…
¿Cuál es la ley con la que se ampara el gobierno de Milei?
Sujetar una empresa a privatización forma parte de las reformas del estado que se hicieron durante la presidencia de Carlos Menen en la década de los 90'. El artículo 9 de la ley 23.696 determina: ": “La declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso y que sea asignado como trámite parlamentario de preferencia.