El Gobierno modificó la Ley Nacional de Turismo: todos los cambios
El Decreto 216/2025 representa un giro hacia un modelo de gestión en el que el Estado se limita a la promoción y facilitación, pero no a la ejecución directa.
A horas de que comience una nueva Asamblea del Consejo Federal de Turismo (la cita es hoy en Corrientes), el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 216/2025 que modifica algunos artículos de la Ley Nacional de Turismo, la N° 25.997.
Entre los primeros puntos hay que tener en cuenta la disolución de organismos y programas, como la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística, encargado de coordinar políticas turísticas interministeriales y garantizar el cumplimiento de funciones administrativas vinculadas al turismo.
Este comité, que estaba presidido por el titular de la Secretaría de Turismo e integrado por representantes de distintos ministerios, queda eliminado en el marco de una política que “busca reducir estructuras burocráticas innecesarias”.
Asimismo, el Decreto 216/2025 también dispone la disolución del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, que tenía como objetivo promover inversiones en infraestructura turística a nivel nacional mediante financiamiento estatal, buscando impulsar el desarrollo de destinos turísticos a lo largo del país.
Cambios en la ley de turismo: ¿se altera el rol de las provincias?
Mientras que la ley original promovía la coordinación entre diferentes ministerios y fomentaba inversiones estatales en turismo, el nuevo decreto apuesta por el protagonismo del sector privado y la descentralización hacia provincias y municipios.
De esta manera, entre los deberes de la autoridad de aplicación (actualmente la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación), el Decreto 216/2025 estará basado en la ´promoción de inversiones privadas: la planificación turística con un enfoque federal, respetando las competencias locales; e incentivo al turismo interno y externo a través de acuerdos multilaterales.
A su vez, puntualiza en la capacitación técnica y profesional de la cadena de valor turística, a cargo de organismos provinciales y municipales. Así como la eliminación de la responsabilidad directa del Estado en la ejecución de obras públicas turísticas, promoviendo la participación privada o local.
En esta línea, hay que decir que mientras la Ley 25.997 otorgaba un rol central al Estado en la gestión de inversiones y en el desarrollo de infraestructura turística, el nuevo decreto se orienta hacia la desregulación y la promoción de la inversión privada, fomentando la autonomía de los actores locales.
Sobre estos puntos, hay que agregar que entre las responsabilidades estará coordinar acuerdos con instituciones públicas y privadas para promover el turismo; gestionar campañas de marketing y promoción turística sin generar costos adicionales al Estado: fomentar la radicación de capitales nacionales y extranjeros en el sector mediante incentivos fiscales y financieros; y desarrollar estrategias de promoción que no impliquen gastos innecesarios del erario público.
Entre las argumentaciones, el documento explica que las funciones relativas a la realización de obras públicas turísticas, que pueden ser desarrolladas por las jurisdicciones o por iniciativa privada, según corresponda, por su cercanía y actividad principal, se encuentran en mejor situación para evaluar su necesidad y pertinencia. Entonces, remarcan que no existe motivo que imponga su financiamiento a través del Tesoro nacional.
El impulso al turismo social quedará afuera del área del Estado
El Decreto firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei; y por el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; marca la eliminación de artículos sobre financiamiento estatal para obras públicas turísticas; el impulso de políticas de turismo social destinadas a sectores vulnerables; y la administración pública de proyectos turísticos y la gestión directa de inversiones.
El documento oficial argumenta que “las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vinculan a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen”.
Sin dudas, el decreto que se publicó en el Boletín Oficial representa un giro hacia la liberalización del sector turístico, en línea con la estrategia gubernamental de promover inversiones privadas y descentralizar la gestión hacia ámbitos locales.