Luego de la polémica generada por el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares, se viene un nuevo proyecto que será debatido por el Congreso y que intenta evitar la destrucción y contaminación por las explotaciones auríferas en las zonas de glaciares.

“Es preocupante que un Poder del Gobierno de la República pretenda sustituir a otro, nada menos que al Congreso, para entronizar en su lugar un foro de representantes y ejecutivos provinciales y empresas privadas interesadas en la explotación minera. Esto es un giro corporativo y particularista que flaco favor hace a la calidad institucional y a la salud de la república democrática”. Así rezan los fundamentos del nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
El mismo fue presentado y debatido en una audiencia pública que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados, a la que asistieron, el autor del nuevo proyecto, Miguel Bonasso, el hasta ese momento defensor del Pueblo, Eduardo Mondino -renunció a su puesto para ser candidato a senador por la provincia de Córdoba-, representantes de ONGs relacionadas con el cuidado del ambiente, y numerosos especialistas que conformaron un panel de lujo, Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y Premio Nóbel de la Paz en 2007.

Un poco de historia
La ley de Protección de Glaciares (Ley 26.418), cuya autora es la ex diputada nacional, Marta Maffei, fue sancionada el 22 de octubre de 2008 y fue vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de noviembre del mismo año. Así lo explica el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, “Es una ley que debería cumplirse. Pero que no se cumple porque hay intereses bastardos para que eso no suceda. Esos intereses bastardos son los que ligan al señor gobernador de la provincia de San Juan, autor intelectual del veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la ley de protección de glaciares, con la Barrick Gold”; y agrega: “Ellos tienen una inversión de tres mil millones de dólares. Por eso hay un interés parcial que va en contra del interés de la Nación. Los intereses de la Nación Argentina y del Estado son aquellos que tienen que ver con la plataforma básica, no se puede pintar una pared si se está quemando la casa, lo que nosotros estamos haciendo aquí es preservar la casa. El decreto lo dice muy claro: ‘ante preocupaciones de gobernadores de la zona cordillerana’ es apenas un eufemismo que encubre muy poquito a José Luis Gioja y qué casualidad que el senador César Ambrosio Gioja, hermano del gobernador, sea el presidente de la Comisión de Minería del Senado, y además sea el presidente de una empresa minera. Así se utiliza una Comisión del Senado de la Nación para impulsar un lobby en beneficio de intereses personales. Acá hay un interés directo: la empresa del senador Gioja es proveedora de la Barrick Gold”, expresó Miguel Bonasso durante la Audiencia Pública.
En ese sentido, Eduardo Mondino expresó: “No proteger los glaciares es criminal” y anticipó que, de ser necesario, la Defensoría del Pueblo recurrirá a la Corte para impedir la explotación minera en los gigantes de hielos y garantizar sus fuentes de agua.

Un nuevo proyecto
Considerando el veto presidencial a la ley ya sancionada, el 10 de diciembre pasado, el presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires, presentó nuevamente el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del ambiente Periglacial, para que sea debatido y aprobado una vez más en el Honorable Congreso de la Nación. Aunque se aclaró durante la Audiencia que el nuevo proyecto mantiene el espíritu del primero, que por una cuestión técnica no puede volver a ser debatido, una vez que fue vetado.
Los fundamentos del nuevo proyecto se basan en una afirmación: “Nos preocupa la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente y creemos que el veto y otros impedimentos a esta Ley son un error que tendrá funestas consecuencias para la preservación de nuestros recursos hídricos”. Por eso Bonasso afirmó durante la audiencia: “No pasarán sobre los glaciares y no pasarán sobre el ambiente periglaciar. Esta decisión es una decisión firme y permanente”.

También se protege el patrimonio turístico
Ricardo Villalba, director del IANIGLA, dejó en claro qué es lo que se está intentando proteger: “Además de la función clave de proveernos de una reserva de agua, los glaciares cumplen otras funciones que tenemos que tener en cuenta. Por eso quiero indicar un punto que me parece clave, en el sur de nuestro país, los glaciares son un atractivo turístico fundamental. El Parque Nacional Los Glaciares es considerado patrimonio mundial de la humanidad, trasciende las fronteras de nuestro país, y allí viene gente de todo el mundo. Por eso la ciudad de El Calafate es la ciudad del glaciar. Allí la actividad social y económica está fundamentada en un turismo que se debe a la existencia del Glaciar. Así se ve claramente una asociación estrecha entre la actividad humana y la dependencia con los glaciares. La relación con los glaciares es fundamental”.

La veda

Las actividades que quedan prohibidas en los glaciares son “Todas las que puedan afectar su condición natural, impliquen su destrucción o interfieran en su avance. En particular: la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica; la exploración y explotación minera o petrolífera y la instalación de industrias o desarrollo de actividades industriales”. El texto del proyecto establece la creación de un inventario de los glaciares del país que realizará el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).