Corría el año 2007 y dos empresas estudiantiles habían cerrado sus puertas dejando a miles de egresados sin su viaje, y a sus padres reclamando frente a Suipacha 1111. 
La desaparición de las empresas Zaiga y 5 Zonas fueron la excusa necesaria para que por primera vez, desde la cartera de turismo, se pensara en regular una actividad que durante años fue tan redituable como promiscua. Los estudiantes, en el entusiasmo por alcanzar su tan ansiado viaje de egresados, muchas veces soportaban e ignoraban la mala calidad de los servicios de transporte, alojamiento y comida que les brindaban a cambio de conocer la nieve, los boliches y por supuesto trabar amistad con estudiantes del sexo opuesto. 
En algunas cosas todo sigue como entonces.
La Ley 26.208 y la resolución 237 del año 2007 dieron lugar al Plan de Transformación de Turismo Estudiantil, creando un muy criticado fondo fiduciario cuyo objetivo era garantizar el viaje a aquellos estudiantes que fueran víctimas del cierre de la empresa con la que hubieran contratado el servicio.
La realidad era que muchos de los empresarios que se oponían a la creación del fideicomiso desconocían totalmente sus alcances y la intangibilidad de lo recaudado.
La Ley 26.208 nació previendo y anticipando lo que podría llegar a suceder en el hipotético caso de que lo ocurrido con Zaiga y 5 Zonas se repitiera en el futuro, buscando dar una solución legal a un vacío que hacía peligrar una industria que se multiplica y repercute en actividades económicas vinculadas, fundamentalmente con las economías regionales.
Pensemos por un momento que si una agencia cierra y deja a 5.000 estudiantes varados, representa la misma cifra en camas de hotel sin usar, en pases de esquí no vendidos, 100 colectivos fuera de servicio, 35 mil viandas de almuerzos, además de las requeridas entradas a los boliches, la venta de chocolates, y los consumos propios de un adolecente en viaje de egresados. 
El caso de la agencia Imaginar fue el primero en el que se implementó el Plan de Transformación y la empresa Up Grade fue la primera en cubrir los servicios y cobrar por ellos a través del fideicomiso implementado por la Cuota Cero.
El tiempo pasó y hubo varios casos más de pasajeros estudiantiles que no podían viajar por el cierre de las empresas que les habían vendido sus viajes, sin embargo nadie se enteró porque el fideicomiso creado a partir de la ley los había protegido.
2017 es el año en que vence el fideicomiso y se plantea una nueva discusión, ya que se debe conformar un nuevo fideicomisoy también se debe retribuir a las agencias estudiantiles, en parte proporcional, con el sobrante del mismo, algo que ningún empresario podía creer posible allá por 2007. Hoy están los que pretenden que se distribuya el total del sobrante y los que pujan, en consecuencia con el Mintur, que se deje un 40 por ciento de lo recaudado en el nuevo fideicomiso hasta que la cuota cero cubra ese monto y se devuelva en una segunda etapa.
El sentido común indicaría que sería sensato recorrer ese camino, más teniendo en cuenta que la práctica ha demostrado la transparencia de la operatoria con la devolución de los fondos ocurrida diez años después. Un caso emblemático que se origina desde la actividad turística en esta Argentina agrietada.