El CIADI ordenó indemnizar con U$S 320 millones a Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Génesis de un conflicto que parece no tener final.

Lo sucedido con el Grupo Marsans ya es un tema pasado, aunque su fantasma vuelve una y otra vez penando por los pasillos de Aerolíneas Argentinas. La semana pasada la noticia que trepó los principales portales y noticieros, tuvo que ver con que el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) una institución del Banco Mundial con sede en Washington, ordenó a la República Argentina a pagarle una indemnización de U$S 320 millones al Grupo Marsans –en quiebra hace siete años- por la expropiación de AR, Austral Líneas Aéreas y las subsidiarias Aerohandling, Optar y Jet Paq, que estaban en poder de Interinvest Sociedad Anónima. Acción que tuvo lugar a fines del 2008.
Una vez que el Gobierno Nacional presentó el proyecto al Congreso Nacional, ambas Cámaras legislativas votaron a favor del mismo, aunque con algunas disidencias. Los votos favorables provinieron del Frente para la Victoria y sus aliados. El PRO en su totalidad votó en contra de la medida que se terminó aprobando en la Cámara Baja por 167 votos afirmativos y 79 negativos. 
Apenas se aprobó la Ley 26466, el Grupo Marsans demandó al Estado ante el CIADI. La sociedad liderada entonces por Gerardo Díaz Ferrán (hoy encarcelado) y el fallecido Gonzalo Pascual buscaba la compensación monetaria “por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años”. 
“La compañía ha resultado seriamente perjudicada por la falta de una política adecuada del Gobierno para el transporte aerocomercial. Esta carencia es evidente por el congelamiento de las tarifas, la negativa por parte de las autoridades competentes a otorgar subsidios ante el extraordinario aumento del combustible y el incumplimiento de medidas que el Gobierno reconoció siempre como necesarias y urgentes”, dijeron. 
 
El por qué 
Otro punto que ponen en eje en la demanda es que la expropiación era ilícita y sostienen un supuesto incumplimiento de acuerdos que fueron firmados en junio de 2006, mayo y julio de 2008. Este último año se había acordado realizar una tasación de la compañía, la misma tenía que hacerla un tasador independiente, pero el Gobierno Nacional, comandado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidió que esta tarea la haga el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Una vez realizada los resultados arrojaron que Aerolíneas Argentinas tenía un valor negativo de 832 millones de dólares, una cifra muy lejana a los 600 millones de dólares que el Grupo Marsans decía que valía el conjunto de compañías. 
En la primera audiencia en el CIADI, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.
Para los primeros días del mes de enero del 2009, se publicó el decreto Nº2347 con la firma de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía que el Ministerio de Planificación, de Julio De Vido, iba a ser el organismo expropiante de las empresas. Además creó la Unidad Administrativa que tenía a su cargo todas las tareas de manejo de las mismas. 
El primer presidente de AR en esta nueva etapa fue Julio Alak y más tarde Mariano Recalde. El juicio comenzó de manera formal el 3 de marzo de 2014. 
Según el fallo, el tribunal asegura que Argentina pagó menos del valor de las compañías. “El demandado incumplió el artículo IV del tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones. Un dato a destacar, es que si bien la cifra es grande, el Grupo Marsans había solicitado una indemnización de más de 1600 millones de dólares (1100 millones de euros). 
Respecto a este tema, el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, se pronunció en una serie de tweets en los que culpa a la administración anterior por lo sucedido: “Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas Argentinas el país fue condenado a pagar US$320 millones más intereses”. “Nos llega esta condena en el mejor momento de la historia de Aerolíneas y los vuelos comerciales, con récord total de pasajeros transportados”, agregó. Y concluyó: “Nada detendrá a la revolución de los vuelos que está en marcha uniendo al país, llevando cada vez a más argentinos con mejores tarifas”.
 
Todos somos Aerolíneas
La privatización de AR se había dado en 1990 cuando en plena era menemista, la aerolínea de bandera fue vendida a la empresa española Iberia. Durante esta etapa se vendieron viejas aeronaves, propiedades y los simuladores de vuelo. En 1996 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales  (SEPI), grupo encargado de sanear y luego  vender empresas nacionales españolas, asume la participación de Iberia en Aerolíneas  Argentinas. A fines del ejercicio de 1999, la SEPI se hace cargo de la gestión. En febrero de 2000 American deja la administración de Aerolíneas con una deuda de 874 millones de dólares. Para junio de 2001, la aerolínea sufre una gran crisis, que se sumaba al caldeado contexto político y social que vivía el país por lo que tuvo que entrar a convocatoria de acreedores y en octubre de ese año entra en acción el Grupo Marsans. 
“En el 2001 se sentía la pérdida del patrimonio, de pertenencia e incluso de la argentinidad. No estábamos perdiendo nada más que las fuentes laborales, sino que nos habían dado a España en una maniobra burda”, comentó el presidente de APLA, Pablo Biró en una entrevista de archivo de Mensajero Turístico. 
El vaciamiento que se había generado y los consiguientes conflictos gremiales, hicieron que la sociedad se vea identificada con la lucha por salvar la aerolínea. “AR es mucho más que una compañía aérea, genera un sentimiento de patria”, resaltó Biró. Para ese entonces se realizaron acciones y jornadas para que el común de la gente conociera lo que estaba pasando. 
En el 2007 el Grupo Marsans comienza a flaquear en su operación hasta la expropiación definitiva por parte del Estado. 
En el 2009, y hasta el 2015, Mariano Recalde fue elegido como presidente de la empresa y  explicó: “Me encontré con una empresa destruida y quebrada. El primer diagnóstico eran seis temas a resolver: primero la flota aérea que era un desastre, reducida y vieja. En segundo lugar, una deuda vencida de mil millones de dólares, impagable, que equivalía a la facturación de un año. El tercer lugar, un déficit operacional con unas condiciones escandalosas que hacían imposible pagar los gastos cotidianos”.  Y prosiguió: “En cuarto lugar había una estructura sobredimensionada para la poca operación que tenía, algo que también generaba déficit. En quinto lugar, teníamos un servicio desastroso y en sexto lugar, una alta conflictividad gremial”. 
Luego, en 2015, Argentina denunció a Marsans por venderle a una organización (identificada como fondo buitre) el juicio que el grupo le hizo al Estado. En este caso, la entidad es el fondo Burford, que se aboca principalmente a comprar disputas legales y delegar los riesgos de los mismos, siempre en pos de efectivizarlos económicamente. La “venta” de los derechos por parte de Marsans fue negada tanto por el grupo español como por el fondo estadounidense, aunque ahora sólo admite haber sido quien financió este litigio hasta lograr un fallo favorable como el que se conoció estos días.
 
La actitud del gobierno
Tras conocer oficialmente la sentencia en contra emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre la expropiación de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno empezó a evaluar cómo responder a esa mala aunque no inesperada noticia. La Argentina debe pagar 320 millones de dólares. Tiene 90 días para informarle al CIADI qué determinación tomará. 
Los abogados del Gobierno dicen que se abren dos caminos: aceptar el fallo y pagar, o rechazar la sentencia y volver todo a fojas cero. El pago, seguramente, se realizará con una ampliación de la emisión de los bonos en dólares Bonar 2024.
Si el Gobierno opta por el primer camino, se tienen que sentar a negociar con la contraparte la forma de pago. Si elige el rechazo, el juicio debe recomenzar.