Emergencia turística sí o no, esa es la cuestión
Herméticamente, desde el Ejecutivo trabajan en un documento de "auxilio para el sector". Mientras, la oposición presentó la última versión de su proyecto.
Hace una semana, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados tendría que haber comenzado a tratar los 13 proyectos (que había hasta el momento). Sorpresivamente, minutos antes del mediodía la reunión se canceló, si bien no hubo una confirmación oficial hay quienes dicen que la orden llegó desde las altas esferas.
Días después, nuevamente la sorpresa dominó al sector con la "filtración" de un proyecto en el cual estarían trabajando desde el Ejecutivo junto a los gremios empresarios. Básicamente, la explicación de tal hermetismo respondió a que esperaban alcanzar un consenso respecto a algunos puntos para luego recién dar a conocer el borrador.
Dicho documento, que desde el jueves pasado circula por los grupo de whatsapp del sector refiere a la creación del Plan Nacional de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, Plan Turismo Nacional pero no habla de una Emergencia Turística. Según indica este documento, dicha iniciativa tendría vigencia desde el 1º de julio hasta el día 31 de diciembre de 2020, inclusive, y "tiene como objeto sostener la actividad de los prestadores dedicados a la actividad turística".
Asimismo, prevé la confección del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo de Turismo Nacional para empleadores y trabajadores del sector "afectados de manera particular por la emergencia sanitaria". También contempla el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo de Turismo Nacional que consistiría en la obtención de un “Salario Complementario” -una asignación abonada por el Estado para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, en los términos y condiciones y con las limitaciones que establezca la autoridad de aplicación-. Además, propone el Programa de Crédito a Tasa Cero para Prestadores Turísticos, cuyo monto financiado "podrá ser devuelto en hasta cuarenta y ocho cuotas mensuales".
Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación confirmaron a Mensajero que se está trabajando "en un proyecto de reactivación y de apoyo, en diálogo con todos los sectores políticos y empresariales". Aunque, no brindaron más detalles sobre la iniciativa.
Fuentes cercanas a las asociaciones que están participando de la negociación resaltaron que uno de los puntos que está en mayor discusión es el vinculado a las cancelaciones como consecuencia de la pandemia, ya que en uno de los artículos indica: "En caso de duda, las previsiones antes dispuestas deberán interpretarse en favor de los usuarios". De esta manera, los actores consultados coincidieron que "al dejarlo ambiguo queda a criterio de Defensa del consumidor". Asimismo, hicieron hincapié en que "hay otros proyectos en los que se estipula, y no se deja librado al azar, qué y cómo hacer, lo cual quita responsabilidad a los agentes de viajes frente a las compañías aéreas".
Mientras que se espera por el resultado final de este proyecto, el diputado Alfredo Cornejo, presidente de la Comisión de Turismo de esa cámara, junto a su par, Gustavo Menna, presentaron la última versión de su iniciativa que sí plantea la declaración de la Emergencia Turística. Más allá de esta diferencia, el documento de la oposición, explicaron sus autores, se distingue porque ellos piden que los efectos de esta sanción corran desde marzo de este año; y que la ayuda sea para todo el sector y no solo para las mypymes. "La envergadura de la crisis ya no tiene que ver con el tamaño de la empresa, ni tampoco lo será la salida en la post pandemia", afirmaron.
Otra de las cuestiones que resaltaron es que es "necesario incluir la exención de impuestos a débitos y créditos"; y, finalmente remarcaron que entienden que "no sólo hay que suspender retenciones y adelantos de Ganancias e IVA, sino que además las obligaciones del período fiscal deben poder pagarse en cuotas a partir de marzo de 2021. "El Poder Ejecutivo Nacional diseñó un proyecto de ley donde se le dan facultades discrecionales a la autoridad de aplicación a un nivel irracional. No puede ser que los beneficios tengan tantas trabas y reglamentaciones ya que es el sector más dañado", concluyeron.