El 1 de octubre, la compañía española de vuelos chárter Cosmo Líneas Aéreas ofertó 137 millones de dólares por las naves Bombardier CRJ900 NextGen de la extinta compañía uruguaya, pero anunció que no cumplirá con el pago.
"Al expirar el plazo legal correspondiente y no encontrar ofertas empresariales (...), o ante varias intenciones que no arriesgan y que al parecer todo lo esperan del Estado, el Poder Ejecutivo continuará en un lapso breve con las negociaciones (...) con los empresarios interesados", manifestó el Gobierno en el comunicado.
Además, las autoridades uruguayas dijeron que analizarán una propuesta del sindicato de trabajadores para conformar una cooperativa que opere la flota y administre una nueva compañía.
En caso de concretarse este proyecto, "el Estado no tendrá responsabilidad directa en la gestión ni en la propiedad; la amortización directa de la deuda se deberá solventar por obra de la cooperativa, evaluándose oportunamente la necesidad de plazos mayores", agregó el comunicado gubernamental.
El Estado mantiene una deuda por 127,8 millones de dólares más intereses por la compra de los aviones. Otras seis aeronaves están en calidad de leasing y retornarían a su fabricante.
Más de 700 empleados de Pluna se quedaron sin trabajo en Uruguay después de que la compañía fue liquidada a principios de julio tras una severa crisis financiera y un pasivo de casi 400 millones de dólares.
El Estado tenía una participación del 25 por ciento en Pluna hasta su cierre, de la cual el fondo privado de inversión Leadgate administraba el restante 75 por ciento.
CONECTIVIDAD Y COSTO POLITICO
Para el Gobierno es prioritario poder afrontar el pago de la deuda por los aviones, pero también asegurar la conectividad aérea del país sudamericano.
"El interés (en) que los aviones vuelen trabajando para con Uruguay, y se amorticen operando, sigue siendo un objetivo innegociable", sostuvo el Gobierno en el comunicado.
El tráfico hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco disminuyó inmediatamente un 60 por ciento con el cierre de Pluna, de acuerdo con reportes de prensa.
Fuentes de la extinta compañía dijeron a Reuters que la aerolínea movilizaba entre 1,3 y 1,5 millones de pasajeros por año y aportaba unos 80 millones de dólares al turismo local, una de las principales actividades productivas del país.
Además, la desaparición de la empresa uruguaya disparó los precios de los pasajes aéreos hacia la región, ante una sostenida demanda y una menor oferta.
A nivel político, la liquidación de Pluna ha tenido costos para el Gobierno del izquierdista José Mujica y especialmente para el ala que responde al vicepresidente Danilo Astori por la responsabilidad directa en el caso de los ministerios de Economía y de Transporte.
El tema redundó en la aprobación del público a la gestión de Mujica, pues la ciudadanía ha visto con desconfianza las negociaciones y decisiones adoptadas.
 
Fuente: Reuters