El fenómeno Airbnb sigue expandiéndose alrededor del mundo bajo el camuflaje de “economía colaborativa”, ya que otorga la posibilidad de que cualquier propietario de un departamento, casa o habitación lo alquile a turistas a través de esta plataforma, incluso conviviendo con el inquilino bajo el mismo techo. 
Pero, en esta ocasión, algunos sectores de España encabezan el intento de regulación de esta actividad reconocida por su habilidad en esquivar la lupa de la ley.
Parece que el reclamo de los hoteleros de todas partes del globo para que se cree una regulación de este mercado ilegal comienza a ser escuchada por las autoridades pertinentes. Y, aunque no se ha llegado a una resolución clara que regule correctamente el alquiler de alojamientos por un período de tiempo. Pero, ¿por qué no sucede esto en nuestro país?

Un ejemplo a seguir 
A pesar de que Japón logró el arribo de 20 millones de turistas el año pasado y que su capacidad hotelera resulta insuficiente en ciudades como Tokyo y Osaka, esto no le sirve de excusa para acudir al mercado ilegal. “La industria hotelera no tiene suficiente capacidad para acomodar a los miles 
de turistas que visitan las grandes ciudades como Tokio u Osaka. Algo nuevo como 
Airbnb es realmente necesario aquí”, opina el responsable del medio especializado en turismo Travel Voice Japan, quien está a favor de Airbnb.
Sin embargo, Airbnb se está enfrentando al escepticismo de muchos nipones en relación a cuestiones más culturales que económicas. Es habitual leer en los medios locales historias sobre los problemas que generan quienes están de paso en las viviendas, por ejemplo por su desconocimiento del complejo sistema de recogida de basuras japonés.
Ante la necesidad de enfrentar la escasez de plazas de alojamiento, el gobierno del país asiático optó por proteger la industria hotelera y a los vecinos de estos alojamientos informales a través de la implementación de una ley que obliga a los propietarios que son parte de la red de Airbnb a alquilar sus casas durante al menos una semana y, en algunos municipios, también exige notificar a los vecinos y al cuerpo de bomberos la estancia de los inquilinos. Además, deberán administrar los datos personales durante los tres años posteriores a la visita.

“Son delincuentes”
Estos negocios que Airbnb propone a propietarios de inmuebles se denominan “economías colaborativas” por servir de un aporte económico de respaldo para estas personas. Bajo este concepto, la plataforma online le sigue ganando terreno a la hotelería lícita. Tal como recuerda el director general de Airbnb en España y Portugal, Arnaldo Muñoz, el 50 por ciento de quienes ofrecen habitaciones en la plataforma lo hacen para llegar a fin de mes o cubrir gastos básicos.
“Si se reglamentaran estos alojamientos informales y las reglas de juego, las exigencias, cargas impositivas y obligaciones fueran las mismas que las de la hotelería convencional, no habría problema de que existan”, comenzó Camilo Suárez, Presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés; y sentenció: “Si no están en la legalidad, no son economías colaborativas, son delincuentes, porque usurpan los clientes de quienes sí pagan impuestos y cumplen con cargas sociales de a quienes se manejan lícitamente, eso es competir deslealmente”. 

Sigamos el ejemplo
Aunque hace mucho tiempo ya que los alojamientos informales lastiman la rentabilidad de la hotelería tradicional, España y Japón comenzaron a dar el ejemplo de que esta situación es reversible o, al menos, transable en pos de atraer a estos alojamientos a la vereda de la competencia limpia. 
En el caso español, dado a que la plataforma les permite a sus usuarios alquilar habitaciones temporalmente o bien su departamento si el dueño se va de vacaciones, el Ayuntamiento de la capital catalana le solicitó a Airbnb que le informe sobre los departamentos que se anuncian en su web sin contar con licencia de alojamiento turístico. De la misma forma, la entidad sostuvo que los particulares no encajan en la normativa de licencia de departamento turístico debido a que no llevan a cabo dicha actividad de manera profesional. Sin embargo, sí resaltó la voluntad de colaboración de Airbnb con las administraciones con respecto a las tasas turísticas, por ejemplo.
De hecho, en Ámsterdam ya se está implementando este sistema de recaudación y la idea ya sobrevuela en el Ayuntamiento de París.
Y, por último, en esta ciudad se ha incorporado un número telefónico para que los ciudadanos puedan dar aviso de la presencia de este tipo de alojamientos.

La ilegalidad se castiga
Lo que las autoridades parecen haber olvidado es que “la ilegalidad se castiga”, tal como expresó Suárez, pero en Barcelona esta virtud se está recuperando. Los propietarios de departamentos ilegales ahora lo piensan dos veces, ya que no sólo la ciudad transita por una campaña de inspección, sino que aquellos ilícitos serán multados llegando a los 15 mil euros. 
Más aún, el Ayuntamiento propuso eximir en un 80 por ciento a estas propiedades de la sanción aplicada en cuanto cedan sus departamentos durante tres años a los servicios sociales municipales y así destinarlos a alquiler social en pos de que sean ocupados por familias en situación de emergencia. Los castigados, incluso, podrán optar por prolongar este alquiler para saldar el 100 por ciento de la multa. 
En garantía de veracidad de este sistema, en Barcelona ya se ordenó el cierre de 400 departamentos turísticos ilegales y se ha multado a otros 500.

Habrá que esperar
Según Camilo Suárez solamente en Buenos Aires hay, al menos, 15 mil plazas que pertenecen a alojamientos ilegales. Esto, en demostración de la intensidad de este fenómeno en Argentina, se debe a que “no se ha tomado conciencia del peligro que representa”, ya que este tipo de alojamientos acuna a “personas que no quieren dejar constancia de su estadía, que prefieren resguardar su anonimato, así provenga de una organización de narcotráfico, trata de blancas, lavado de dinero o cualquier tipo de organización ilícita”, o aún a quienes prefieran pagar tarifas más baratas a partir de la exposición de su bienestar. 
Al respecto, enunció que habrá que esperar a que las autoridades del nuevo gobierno se acomoden, “hay que darles tiempo”; sin embargo, emitió que el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, “está en perfecto conocimiento de la cuestión”. 
“Gustavo ya estaba empapado del tema incluso desde antes de que sea Ministro. Él sabe muy bien de lo que estamos hablando y, por el momento, tenemos las buenas señales de una explícita voluntad de que el sector privado y público trabajemos en conjunto para encontrar soluciones que no afecten a los negocios lícitos”.  

Repercusión local
Aunque en Argentina la situación de los alojamientos informales no muestra mejoras, pareciera que estos hechos inspiran y esperanzan a los profesionales del sector.
“Es lo que tenía que ocurrir. No se manejaron bien los tiempos, tuvieron que intervenir asociaciones hoteleras de los distintos países para que esto suceda. Es raro que haya que reclamar a la justicia y a la policía que regulen esta actividad como lo hacen con tanto empeño con los hoteles”, expresó Aldo Elías, Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Argentina.
Asimismo, señaló que son hechos que el sector hotelero celebra ya que estas políticas aportan a la seguridad de los huéspedes que, al fin y al cabo, “es lo más importante” y aseguró que esto llegará a la Argentina, aunque con “delay”.