Una radiografía del proyecto de ley que FEHGRA diseñó con el objeto de mejorar la situación del sector. Dirigentes de la entidad vienen diciendo que esperan que se empiece a tratar en el Congreso en marzo, aunque en la Sectur prefirieron no fijar plazos.

Tratando de hacer valer su peso político y económico, y con el afán de favorecer la rentabilidad para el sector que representa, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) desea que el proyecto de Ley Nacional de Promoción del Turismo, que supone distintos incentivos fiscales a la actividad -fundamentalmente para quienes realicen inversiones en infraestructura y en bienes de capital-, sea tratado en el corto plazo en el Congreso de la Nación. El texto, al que pudo acceder Mensajero Periódico Turístico, ya le fue presentado al secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y a distintos legisladores de la Cámara Baja, entre ellos el presidente de la Asociación de Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía (APTHGRA), Dante Camaño. El dirigente gremial tiene la tarea de conseguir en la Cámara de Diputados la mayor cantidad de adeptos para que la propuesta pueda prosperar al momento de ser tratada. La iniciativa fue vista con buenos ojos por los distintos actores que desde noviembre conforman el Foro Multisectorial del turismo, la hotelería y la gastronomía. Allí confluyen, además de Camaño, la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y representantes del Ente de Buenos Aires que preside Hernán Lombardi, entre otros.
Si bien el proyecto ya está en la secretaría de Turismo de la Nación, desde la cartera que conduce Meyer indicaron, ante la consulta de este medio, que recién se abordaría en profundidad cuando se reactive el ritmo parlamentario en el Congreso, y eso sería recién en marzo. Además, señalaron que, como sucede con todas las propuestas legislativas, es necesario alcanzar un consenso general con los sectores involucrados: los hoteleros, los gastronómicos, el ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros. Semanas atrás, el vicepresidente 1º de FEHGRA, Ricardo Sánchez, le dijo a Mensajero que esperaban que en marzo ya estuviera debatiéndose en Diputados. Evidentemente, en el empresariado hay más ansiedad que en el sector público. Por su parte, el asesor de la Federación Humberto Bertazza, que trabajó en la elaboración del proyecto junto al protesorero de la institución, Rafael Miranda, precisó en diálogo con este medio que ahora la propuesta se encuentra “en etapa de evaluación política”, refiriéndose a la voluntad que pueda llegar a haber en el Gobierno de incluir modificaciones en el sistema tributario. “Hay que tener en cuenta que comenzamos a trabajar en esto hace un año y medio, y cuando ya estaba terminado, se desató una crisis internacional. El escenario no es el mismo. De cualquier manera, nosotros entendemos que la incidencia en la recaudación fiscal será neutra, teniendo en cuenta lo que puede ingresar al Estado reactivando el consumo”, explicó.

Punto por punto
El proyecto plantea, en el artículo 1º, crear “un Régimen de Promoción del Turismo con el objeto de promover y estimular la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya existentes, como así también las operativas y de funcionamiento orientado al turismo receptivo”. Podrán ser parte del Régimen las personas cuya actividad principal sea la prestación de servicios de alojamiento y/o gastronomía, y el texto menciona que éstos serían beneficiados con distintos incentivos impositivos.
La primera de las ventajas que se explican en el proyecto está en el artículo 5º: quienes realicen inversiones en infraestructura, podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 por ciento de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la empresa con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social. Podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de tributos nacionales, en particular el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de proceder, incluido el impuesto a las ganancias. En los fundamentos del proyecto, se explica que esta medida persigue esencialmente dos objetivos: promover la generación de empleo formal e impulsar un efecto multiplicador en la economía, teniendo en cuenta que se reactivaría, por ejemplo, la industria de la construcción.
A su vez, aquellos que acrediten haber realizado inversiones en obras de infraestructura o haber adquirido bienes de capital tendrán una desgravación del 60 por ciento en el monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio.
Adicionalmente, el artículo 8º manifiesta que las inversiones en bienes de capital nuevos y las obras de infraestructura que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos hoteleros y/o gastronómicos y para la ampliación de la capacidad de los existentes, así como aquellas que se requieran durante su funcionamiento gozarán de un régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias. “En realidad, la idea no es cambiar el sistema de amortización, sino adelantarlo, hacerlo en menos años”.

Beneficios a través del IVA
Un párrafo aparte merecen las medidas pensadas en torno al Impuesto al Valor Agregado (IVA). El título IV del proyecto se refiere a este gravamen y lo que plantea, por un lado, es que el saldo a favor de ese impuesto que se genere por inversiones en bienes de capital nuevos u obras de infraestructura tenga un tratamiento preferencial y pueda, así, descontarse de otros gravámenes o ser devuelto por la AFIP.
A su vez, el texto propone que la tasa del IVA en los servicios hoteleros y  gastronómicos se reduzca al 50 por ciento de la alícuota general; eso implica llevarla al 10,5, como ya sucede en distintos rubros de la actividad económica. En FEHGRA tomaron como referencia a España.
También hay un apartado dedicado especialmente al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias -más conocido como impuesto al cheque-. Allí se manifiesta la necesidad de computar el ciento por ciento de los  importes ingresados o percibidos por dicho impuesto como pago a cuenta de otros gravámenes.
En cuanto al impuesto a la ganancia mínima presunta, se busca hacer extensiva la exención del gravamen al valor de las inversiones en bienes de capital nuevos y