¿Cuáles son las principales preocupaciones que los gremios aeronáuticos presentaron ante la JATA? ¿Cuál es la respuesta por parte del oficialismo?

El 6 de septiembre se realizó la Audiencia Pública 219 en la que distintas aerolíneas solicitaron operar más de 500 rutas nacionales e internacionales. El contexto era tenso. Desde muy temprano, los principales gremios aeronáuticos –APTA, UALA, APLA, APA Y UPSA- habían decidido realizar una Asamblea en Aeroparque por lo que hubo cancelaciones y demoras de distintos vuelos. En esta Asamblea debatieron acerca de la incorporación de las nuevas aerolíneas al mercado. En un comunicado expresaron que la expansión, “no podrá ser soportada por el colapsado sistema de seguridad operacional de tráfico y control aéreo”. Además aseguraron que estos nuevos empresarios no quieren cumplir con las leyes laborales”.

El 18 de agosto, este mismo frente había enviado una nota al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en la que solicitaban la cancelación de la nueva Audiencia Pública. La misma estaba firmada por los secretarios generales Ricardo Cirielli (APTA), Edgardo Llano (APA), Rubén Fernández (UPSA), Pablo Biró (APLA) y Genaro Trucco (UALA).

En ella expresaban que “en virtud de las falencias, deficiencias e irregularidades evidenciadas sobre el sistema aéreo, que impactan directamente en la seguridad aérea, como así también la violación de nuestras normativas laborales por parte de muchas de las nuevas empresas autorizadas en la anterior Audiencia Pública, solicitamos formalmente a Ud. como máxima autoridad administrativa del Área de Transporte, la cancelación de la Audiencia Pública Nº219, destinada al otorgamiento de más rutas nacionales, regionales e internacionales, a actuales y nuevos explotadores comerciales”.

Esta nota no tuvo mayores repercusiones en el Ministerio de Transporte, por lo que el día de la Audiencia realizaron la medida de fuerza antes mencionada.

Por su parte, Pablo Biró, envió una nota a todos los afiliados en la que argumentaba que “hace ya unos años, iniciamos una campaña de esclarecimiento por el lobby de las multinacionales que pedían una fuerte liberalización de la política aerocomercial en el país. En este marco, hemos planteado nuestra posición institucional a las autoridades del Gobierno Nacional explicando los riesgos y las consecuencias directas que implicaría ceder a la presión de las grandes transportadoras extranjeras”.

En la misma, hizo hincapié en que hasta ahora no ha comenzado a operar regularmente ninguna de las compañías nuevas que solicitaron rutas en la Audiencia que se desarrolló en diciembre y que además “se ha tendido a favorecer el ingreso de las multinacionales al cabotaje argentino, que sin estar constituidas en el país se les permite sacar pasajeros desde el interior directo hacia sus hubs de distribución regionales como Panamá, Lima, Santiago, Bogotá o San Pablo, llevando adelante una liberalización de hecho que no crea trabajo para pilotos en Argentina y que, muy por el contrario, terminará irremediablemente destruyendo nuestras fuentes laborales”.

Con respecto a los convenios colectivos de trabajo, el titular resalta que ninguna de las compañías ha firmado acuerdos convencionales con APLA. “Mientras algunas persisten en buscar formas precarizadas de acordar condiciones laborales, otras ni siquiera han tomado contacto con nosotros”, sintetiza.

En lo que refiere a seguridad aérea, Biró expresó, tal como lo había hecho en la Audiencia 218, que existe una “carencia” de infraestructura, servicios de extinción de incendios no adecuados, radares no confiables y “cuestiones aeroportuarias que limitan las operaciones”. “Duplicar la cantidad de pasajeros transportados como pretenden hacer, requiere necesariamente de grandes inversiones para permitir en todo caso un crecimiento escalonado y paulatino del sistema. Si ese crecimiento pretende darse de forma acelerada y sin los análisis necesarios, lejos de duplicar el mercado sólo creará el colapso del mismo, con la consecuente afectación de la seguridad”, aseguró y sentenció: “En aviación los errores se pagan con pérdidas de vidas humanas. No podemos permitirnos equivocaciones”.

Con respecto a este tema, desde UPSA, también presentaron un comunicado para llegar a manos de la JATA (Juanta Asesora del Transporte Aéreo), en el que entre otras cuestiones, resaltaron que pese a que en Argentina desean instalar un sistema low cost, como sucede en Europa donde es muy común, “extrapolado a nuestra propia realidad aerocomercial, lejos estamos de establecer un mercado competitivo como vive el continente europeo, las distancias son completamente distintas, la densidad de la población hace casi impracticable que muchas localidades del interior sean fuente de emisión o recepción de pasajeros como para sustentar eficientemente una operación aérea creciente”, afirmaron y sostuvieron que en el caso de infraestructura, Argentina aún “está en proceso de radarizar su espacio aéreo lo que implica que gran parte del mismo se encuentra sin la correspondiente ayuda al vuelo en forma eficiente y actualizada; los aeropuertos necesitan medidas de una mayor inversión para asegurar operacionalmente la utilización de los mismos ya que muchos de ellos se encuentran en el límite de su capacidad operativa”.

Ida y vuelta

El mismo día de la Audiencia 219, Guillermo Dietrich, en diálogo con este medio y en contra de la medida de fuerza, declaró: “quiero condenar este momento en el que por cuestiones políticas se están poniendo de rehenes a miles de pasajeros. Este debería ser un día de fiesta, en el que tenemos que estar todos juntos trabajando para estos grandes desafíos que nos trae la Argentina”.

Ante la pregunta de si las nuevas empresas iban a respetar los convenios colectivos de trabajo, teniendo en cuenta que los gremios afirman que no tuvieron diálogo alguno por esta cuestión, el titular de Transporte arremetió: “Es algo falso lo que piden. Hoy hay convenios colectivos con las empresas, todas están dialogando con los gremios. Lamentablemente se mezcla la política en algo que no está mezclado”. Con respecto a la otra denuncia, que tiene que ver con la infraestructura, Dietrich esgrimió: “Todos estos años convivieron con toda esa infraestructura obsoleta y nunca dijeron nada. Hoy nosotros estamos haciendo”.

La respuesta de Pablo Biró no tardó en aparecer y en declaraciones que brindó para el medio AGN, afirmó: “las provocaciones y esas suertes de chicanas que hace el Ministro al decir que los dirigentes gremiales pertenecemos al pasado y que no representamos a los trabajadores, porque consiguió un puñado de aplaudidores que lo adulan, que están cómodos al calor del poder, es no conocer a la familia aeronáutica. Vamos a confrontar esta política. La vamos a confrontar y vamos a ganar la lucha que viene. Se confundieron, porque ven un entorno muy endeble. Ven al Movimiento Obrero dividido y creen que pueden dividir. A nosotros nos trataron de dividir el año pasado y la respuesta fue contundente”.

“En aviación los errores se pagan con pérdidas de vidas humanas. No podemos permitirnos equivocaciones” Pablo Biró

Para calmar las aguas

La primera exposición de la Audiencia Pública 219, estuvo en manos de la presidenta de la Junta Investigadora de Accidentes de la Aviación Civil, Pamela Suárez. “Tenemos más vuelos y menos accidentes”, subrayó la funcionaria al mismo tiempo en el que destacó que la seguridad área en nuestro país es muy importante y que en el mismo hay una decreciente tendencia a tener accidentes aéreos, mientras exponía un cuadro que comparaba a Argentina con el resto del mundo.

Luego de Suárez, llegó el turno de Agustín Rodriguez Grellet, presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), quien se encargó de mostrar las inversiones que ya se han realizado entre las que se encuentran la adquisición de equipos de ILS para ocho aeropuertos que equivalen a 175 millones de pesos, de los cuales dos son de categoría III y se distribuyen uno para Córdoba y otro para Ezeiza. También comentó que se invirtieron 140 millones de pesos con el fin de renovar equipos VOR en 14 aeropuertos. Unos 227 millones de pesos fueron destinados a modernizar el sistema de vigilancia por radar de Ezeiza y 201 millones para actualizar y optimizar el funcionamiento de los radares de Mendoza, Córdoba y Paraná. .