La soberanía nacional sobre las Islas Malvinas no está en discusión. Tampoco lo está el reclamo que en todos los foros internacionales puedan, y deben, hacer nuestros gobernantes, sin embargo las reacciones viscerales y sin un estudio profundo de las implicancias que pueden derivar de ellas generan agujeros negros, que se comen, en este caso una importante porción del negocio turístico.
Cuando el martes pasado la presidente Cristina Fernández de Kirchner firmaba el decreto nacional 256/10 en donde se lee “‘todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser trasportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente‘, parece ser que nadie le hizo acordar que la temporada de cruceros en el Atlántico Sur está en pleno desarrollo y que nadie sabe todavía a quién deberán pedirle permiso para sus escalas en las Malvinas.
Ushuaia es una de las ciudades argentinas más perjudicadas ya que hasta el 26 de marzo serían 8 los cruceros que partiendo desde su puerto harían recaladas en las Islas Malvinas. El tema es que no se sabe cómo, quién y de qué manera se les otorgarán los permisos correspondientes. No sea que ante tanta incertidumbre las navieras decidan suspender sus paradas en Ushuaia y las reemplacen por el cercano puerto chileno de Punta Arenas.
Estas medidas inconsultas en vez de atraer a más barcos con sus turistas y sus divisas generan incertidumbres y dudas que perjudican a una industria en su conjunto, la turística. Y desde acá nos preguntamos por enésima vez: ¿cuándo se acordarán del turismo?

Manuel Sierra
msierra