El núcleo de la denuncia, presentada ante el juzgado de Norberto Oyarbide, es la no emisión de un certificado que le permitiría a Aerovip (entre cuyos accionistas figura el empresario Carlos Avila) hacer vuelos regulares en el territorio nacional (hoy puede realizar vuelos chárteres). La aerolínea sostiene que la ANAC autorizó esa operación en una resolución del 13 de julio pasado, pero nunca emitió el certificado correspondiente por presiones de APLA.
En el escrito, la empresa acusa a APLA de pretender que sólo Aerolíneas Argentinas preste los servicios de transporte aerocomercial "sin competencia privada de ningún tipo".
Fuentes de la ANAC, sin embargo, rechazaron las acusaciones y afirmaron que aquella autorización había sido otorgada en forma irregular por el anterior jefe de ese organismo, Rodolfo Gabrielli. "El había otorgado las rutas sin cumplir con todos los pasos que se requieren, con procedimientos administrativos cuestionables", señaló un funcionario que asumió durante la gestión actual, que encabeza Alejandro Granados (h.). "Esos actos administrativos tenían vicios administrativos, por eso le otorgamos el CESA [el certificado para explotar los servicios aéreos] sólo en forma parcial", añadió el funcionario, uno de los tres imputados en la denuncia de Aerovip. "Además, en mi vida yo me reuní con Pérez Tamayo ni me dijo lo que tenía que hacer l