A principios de esta semana, se conoció que Ana Ianni, diputada por Santa Cruz del Frente de Todos, presentó en la Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución a través del cual pide al Gobierno un informe sobre el impacto de la nueva normativa que rige al turismo estudiantil. 

De acuerdo a lo que explicaron desde el despacho de la legisladora opositora, esta solicitud está basada en la preocupación que generan para el sector turístico estudiantil las nuevas reglamentaciones relacionadas a los viajes de estudios y a los de egresados. 

En esta misma línea, la diputada también remarcó que le preocupan las cuestiones relacionadas a las garantías que tienen los turistas-usuarios o sus representantes legales en los casos de incumplimiento contractual.

“La normativa es confusa. Hemos retrocedido muchos años dejando otra vez a la deriva a un sector tan sensible como es el que trabaja con estudiantes, donde todos sabemos de las estafas e incumplimientos que hemos sufrido con los viajes de egresados tiempo atrás”, remarcó Ianni. 

 A su vez, hizo hincapié en que en su momento toda la sociedad pidió al Estado una intervención para controlar y garantizar el cumplimiento efectivo de los contratos, algo que se había logrado con la implementación del Fondo Fiduciario conocido como “Cuota Cero” y otra serie de requisitos que debían cumplir las agencias y los coordinadores a cargo de los grupos de menores en viaje 

Al respecto, agregó: “Con la nueva reglamentación se han eliminado una serie de exigencias que eran mandatorias para ocupar ese rol”. 

CUÁL ES LA SOLICITUD DE ANA IANNI AL GOBIERNO 

La diputada puntualizó en que con la desregulación que se impulsa, para el sector turístico estudiantil no hay seguridad ni tranquilidad de que no se presenten inconvenientes y, en caso de ocurrir, de que se pueda asumir de manera rápida y ágil una solución a los consumidores. 

Asimismo, señaló que con la nueva normativa los viajes podrían encarecerse “ya que no se sabe quién asumirá el costo de la contratación del seguro de caución”.


De esta manera, dijo que con el pedido de informes se busca aclarar ciertos aspectos para llevar tranquilidad tanto a los operadores turísticos como a las familias que contratan los viajes.
 

De acuerdo con lo que detallaron, explicaron que se pide precisiones acerca de los mecanismos de acción, prevención y fiscalización de la autoridad de aplicación, requisitos y alcance para formalizar los certificados habilitantes, aspectos sobre la garantía y seguros en caso de incumplimiento, requisitos para los coordinadores de los grupos, entre otra serie de preguntas.


“El objetivo es alertar a tiempo para no tener que lamentar después inconvenientes que
podrían haberse evitado”, cerró Ianni.