El turismo estudiantil en la Argentina, al menos desde los años ’90 en adelante, siempre ha tenido sobre sí miradas de desconfianza, a pesar de ser un clásico e inevitable paso para la gran mayoría de los estudiantes egresados de nuestro país.
Hacia fines de los ’90, y los primeros años del cambio de siglo, comenzaron a hacerse cada vez más “normales” las empresas de este segmento que “dejaban de prestar sus servicios”. Se iban del mercado dejando detrás deudas y cientos o miles de estudiantes sin poder realizar el viaje que habían soñado los últimos años de Secundario (o Polimodal).
La situación llegó a su punto de ebullición hace casi seis años, cuando repentinamente Zaiga Travel dejó de existir, generando un gran caos por parte de las familias damnificadas.
Fue la Ley de Turismo Estudiantil sancionada en el año 2007, la que obligó a que tanto los operadores autorizados, como los mismos guías y coordinadores se profesionalizaran y la actividad dejara de estar rodeada de tantas improvisaciones y abusos comerciales, siempre caracterizada por el refrán bien argentino: “Lo atamos con alambre”.

¿Nuevas medidas?

Sin embargo, tras las iniciativas encaradas por la entonces Secretaría de Turismo desde hace cinco años, las noticias con las agencias de turismo estudiantil como villanos de la película cesaron. Pero, en estos días podrían volver a estar en el centro de la escena.
Tras la implementación el martes 29 de mayo de la Resolución nº 3.333 de la AFIP que establece un canal de gestión diferenciado para quienes quieran adquirir divisas extranjeras para viajar al exterior, muchas especulaciones al respecto se han lanzado sobre la mesa. Entre las versiones que han adquirido más fuerza se encuentra una que indica que desde el Ministerio de Turismo de la Nación se estarían estudiando implementar medidas de control para las empresas de turismo estudiantil que envían contingentes de estudiantes al exterior.
Consultado por Mensajero, Ricardo Maldonado, director de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje del MINTUR, confirmó que habrá medidas nuevas y modificaciones a futuro en este segmento que puede que se planteen en el Congreso de AAAVyT, aunque dijo “no poder adelantar nada en concreto”.
En este hipotético contexto, surgen muchos interrogantes, ¿Cuánto podría afectar el equilibrio comercial de estas empresas? ¿Pueden las agencias de turismo estudiantil enfrentar más controles, teniendo en cuenta los que ya establece la ley sancionada en 2007?
Desde Up Grade, empresa que cobró notoriedad cuando en el lanzamiento del fideicomiso de la Cuota Cero quedó establecida como responsable de garantizar el cumplimiento de cada viaje ante la deserción de otras empresas, Adrián Manzotti le confesó a Mensajero que aunque no poseía conocimientos en profundidad sobre el tema, sin embargo, pensaba plantearlo “en el Congreso de AAAVyT que se realizará en Salta, ya que habrá un taller con respecto al segmento estudiantil, para que se explique el grado de veracidad que tiene esta versión, y si se implementa, las razones que la sustentan”.
Raúl Bialet, socio Gerente de Brastur, empresa mendocina especializada en el destino Brasil, le dijo a este medio: “Aunque no sé bien cuáles serán, si hacen una diferencia en cuanto a costos para los que operen turismo estudiantil en el exterior, sería  injusto. Seguramente las supuestas medidas trasladen el problema al pasajero”.
“De momentos no hay inconvenientes, los límites impuestos en 2007, por ejemplo, no han sido un problema, le han traído transparencia al sector, especialmente con respecto a las empresas grandes que son las que tenían mayores problemas. Sin embargo, no podría asegurar lo que puede llegar a pasar a futuro”, afirmó.
Algo similar sucede con el caso de la nueva Resolución de la AFIP que afecta a los viajes al exterior. “Eso será algo que manejarán ellos de manera personal, ya que nosotros no le podemos brindar una solución como agentes de viajes. Indudablemente nos va a afectar el negocio, porque es un paso engorroso”, explicó el empresario.
Maximiliano Racedo, encargado del Departamento Estudiantil de la salteña Turismo Ale, reconoció ante Mensajero que las medidas existen aunque “todavía no confirmaron cuáles van a ser. El Presidente de la empresa aún se encuentra informándose al respecto. Hay muchas versiones que se entrecruzan”. En ese sentido, Racedo afirmó que “la idea es tener certezas para poder informar a los padres. Todavía no sabemos cómo nos puede influir o si nos va a influir”.

Competitividad

En un escenario hipotético, ¿Qué sucedería si las medidas que podrían ser impulsadas involucrarán aumentos en los costos de las agencias de turismo estudiantil, como podría representar una suba en el seguro de caución?
“Definitivamente afectaría a las agencias, obviamente ya que no tenés el dinero para hacerte cargo del total de lo que facturás. Se haría difícil seguir trabajando, habría que ver cómo se arregla con las compañías de seguros. Me hace acordar a cuando comenzamos con todo este asunto años atrás, que era difícil conseguir una empresa especializada que se hiciera cargo”, afirmó Adrián Manzotti.
Raúl Bialet se encuentra en la misma sintonía que su colega de Upgrade. “Eso me parecería una locura porque el objeto del seguro de caución no debería distinguir entre viajes al exterior y en el ámbito nacional, porque el objeto de esa herramienta es otro: salvaguardar los derechos de los chicos”, afirmó el socio Gerente de Brastur.
El responsable de Turismo Ale, desdramatizó la situación y sobre un hipotético aumento en el seguro de caución señaló: “No nos afecta en nada ya que se adecúa al pasajero”.

La Ley en la actualidad

Cabe recordar que tras la sanción de la Ley de Turismo Estudiantil, los operadores se vieron obligados regularizar su situación tramitando su Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil. Además, entre otras medidas de trascendencia, se formó el Fondo de Turismo Estudiantil -el 6 por ciento del monto total de cada contrato individual suscripto, que se conforma con el depósito de la denominada cuota cero-, como garantía ante un eventual problema.
La resolución 237/2007 establece entre varios puntos que las agencias de viajes estudiantiles tienen que presentar una garantía equivalente al 30% de la facturación de los viajes a realizar. La misma puede ser una póliza de caución emitida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Rumores
Todas las versiones relacionadas a la posible implementación de nuevas medidas sobre el turismo estudiantil se suceden cuando en el sector los rumores cada vez son más grandes con respecto a la frágil situación de empresas del segmento cuya continuidad estaría pendiendo de un hilo. Mensajero Turístico.
Sin embargo, cabe recordar que se tratan de épocas de grandes ventas, y es tradicional que desde un punto de vista comercial, las empresas de turismo estudiantil “se tiren unos contra otros”. 

La historia de la Ley Estudiantil
Por iniciativa de SECTUR, a partir de los casos de Zaiga Travel y 5 Zonas, se creó la Ley 26.208 y la resolución 237 del año 2007 que dio lugar a la Reglamentación de dicha Ley, y al Plan de Transformación del Turismo Estudiantil. A través del mismo se creó un fondo fiduciario cuyo objeto es garantizar el viaje a aquellos estudiantes que fueran víctimas de la caída de la empresa con la cual hayan contratado. De esta manera, se ampara al usuario (que en la gran mayoría de los casos se trata de su primera contratación) ante un eventual incumplimiento contractual.
En marzo del 2006, varios estudiantes cambiaron el tradicional cántico “Nos vamo’ a Barilo” por otros más duros y por huevos, que arrojaron al edificio de la Secretaría de Turismo. Era el fin de la ilusión de los estafados del caso Zaiga Travel.
No fue el primer caso: en mayo de 2003 hubo perjudicados por Lapa Estudiantil y en diciembre de 2005, por la agencia Cinco Zonas. Tampoco hay que olvidar el caso de Lecol o la docena de empresas que entre 2002 y 2004 también frustraron la ilusión de miles de estudiantes, dejando de prestar servicios.
“En total, sufrieron el problema 7.544 chicos y 281 contingentes. El monto total de la estafa fue de 4.972.531 pesos”, señalaba por entonces Héctor Pissoni, de la Asociación Padres de Turismo Estudiantil, formada luego del escándalo Zaiga Travel, que llevó a la modificación de la ley que rige a estos via