Una nueva página se suma a la Biblia contra los alojamientos informales de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).
Ante el avance irrefrenable de la oferta de este tipo de alojamientos en todo el mundo, y por consiguiente también en el país, la Federación enfatiza nuevamente sus reclamos respecto a los hospedajes ilegales, detallando punto por punto la incidencia de esta problemática.
Las cifras son alarmantes: existen más de 600 mil plazas en alojamientos informales, lo que representa el 4000% de los alojamientos autorizados (estimados en 15 mil). Estos evaden unos mil millones de dólares al año, excluyendo del sistema legal a alrededor de 70 mil trabajadores. En este contexto, mediante una declaración oficial, FEHGRA volvió a pedir soluciones de fondo a este problema.

Preocupación
En primera instancia, la entidad que conduce Roberto Brunello expresó su desasosiego por el “desarrollo explosivo” de los alojamientos. Uno de los puntos iniciales que señala es que han basado su evolución en el uso de figuras jurídicas creadas para otros fines, en la existencia de un vacío legal en la materia que, potenciado por el impacto de INTERNET y redes sociales, y la proliferación de plataformas (P2P), “han desencadenado una situación de inequidad para con la oferta legalmente establecida y, además, con consecuencias altamente perjudiciales para el conjunto de la sociedad”.
Según FEHGRA, el crecimiento de este segmento fuera de la ley se debe a la “falta de definiciones conceptuales, las filtraciones que facilita la Ley de Locaciones Urbanas, lagunas legales y la ausencia total de normas”.

Fair play, por favor
A pesar de la fuerza del reclamo, desde la entidad dejaron en claro que no pretenden impedir la existencia de viviendas para uso turístico, sino que éstas deban entrar legalmente a competir en el mercado. La postura de la organización es que rijan las mismas reglas de juego para todos, y que los hogares-alojamiento “estén sujetos a la oferta de alojamiento legalmente establecida, habilitada y categorizada por los organismos pertinentes”.
 
Problemas en carpeta
Los inconvenientes que trae la falta de regulación en este contexto son varios. Primeramente, expresa la Declaración de FEHGRA, problemas en clave de urgencia por “potenciación de factores de riesgo”, tales como la trata de personas, la explotación sexual infantil, y delitos de esa estirpe.
En otra perspectiva, los alquileres ilegales generan trabajo en negro, evasión o fraude impositivo, y un “aumento de la economía sumergida, y sus consecuencias negativas para el conjunto de los ciudadanos argentinos”. Además denunciasn que los trabajadores que prestan servicios en los establecimientos informales no se encuentran alcanzados por las normas laborales que regulan a los alojamientos turísticos legalmente establecidos.
De la misma manera, tienen un “impacto negativo en el mercado de las locaciones, por lo que los inmuebles son retirados para otros fines”, y perpetra una violación a los “derechos de los consumidores” en materia de seguridad y calidad. En ese sentido, los establecimientos informales tampoco cumplen con las normas de seguridad e higiene en el trabajo, ni contratan ART y seguros obligatorios.
Finalmente, desde entidad expresaron su consternación por la “degradación de la imagen y el futuro de los destinos turísticos del país” y  por la “pérdida de rentabilidad” de los alojamientos legalmente establecidos.

Firme pero no injusto
A pesar del reclamo, FEHGRA reconoció que la oferta de alojamientos turísticos legalmente establecida tiene una amplia regulación, tanto en el ámbito nacional, provincial como municipal. Cabe recordar que la organización se comprometió con el Ministerio de Turismo de la Nación y con IRAM a diseñar normas de calidad, seguridad e higiene, de forma tal de facilitar la categorización y, además, hacerla más transparente. Al respecto, destacaron que “no parece razonable ni justo” que conviva un mercado fuertemente regulado con otro “absolutamente liberalizado”, en la industria que representa casi el 8 por ciento del PIB nacional.

Sin embargo…
A pesar de no atacar a los organismos, FEHGRA consideró que los “diferentes poderes públicos tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos” y de procurar, a través de organismos independientes, que en las actividades económicas “se cumplan las reglas de competencia”.
En sintonía, solicitaron que las reglas sean “claras y específicas” para el segmento digital, ya que “la voluntad de abrir la competencia” a las nuevas empresas terminará por dejar al rubro “en manos de unas pocas compañías de ámbito global”; que conllevará un declive en la calidad y fiabilidad de los servicios.

Riesgos de seguridad
Estos alojamientos ilegales, advirieron, que no poseen plan de contingencia alguno por lo que, ante cualquier crisis de seguridad o riesgo vinculada al inmueble y los huéspedes, no tienen forma de reaccionar con efectividad.
Además, otra de las consideraciones es la inseguridad que crea el ir y venir de personas dentro de estos alojamientos, dado que no hay registro legal alguno de la estadía de las personas, ni mucho menos su nombre o procedencia. En este aspecto, es preciso aclarar que los más perjudicados son los propios habitantes del establecimiento y barrio en cuestión, ya que no tienen forma de comprobar legalmente qué personas estuvieron, en caso que hubiera delitos cometidos en el tiempo que las personas se hospedaron.
 
Los señalados
FEHGRA solicitó a la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros, y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) que tome una postura definida para resolver la cuestión laboral en el sector. En este plano, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), enmarcada en el Primer Foro Global Sobre las Nuevas Modalidades de Alojamiento; recomendó incluir a los alojamientos en las legislaciones vigentes, dado que su existencia “mina la competitividad y rentabilidad de los alojamientos turísticos legalmente establecidos”, y explicó que logran alcanzar la rentabilidad gracias al “incumplimiento de gran parte de las leyes, normas y procedimientos que la actividad formal debe concretar”.
También, desde la entidad que dirige Brunello solicitó a las instituciones religiosas, de derechos de las personas y los niños y de seguridad, un pronunciamiento firme a favor de los alojamientos turísticos habilitados y registrados en el país en función de, como previamente se destacó, prevenir los potenciales riesgos por la seguridad, el tráfico y trata de personas y la explotación sexual infantil.
La organización también exigió al Poder Legislativo Nacional una “reflexión profunda sobre la dimensión de esta problemática” y que la misma “concluya con la sanción de las leyes que resulten necesarias para colocar a todos los actores sociales en igualdad de derechos y obligaciones”.
Finalmente, aseguró que “cualquier legislación permisiva o incompleta afectará de forma directa al modelo establecido y al sostenimiento de la seguridad social, el empleo sectorial, los ingresos de los proveedores, la inversión y la calidad de la oferta de la Argentina”.

AHT se reunió con la AHRCC
Se realizó un desayuno entre las autoridades de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).
La reunión se realizó en la sede de la AHT, y contó con la presencia de Camilo Suárez, nuevo presidente de la AHRCC, acompañado por el vicepresidente Leonardo Baguette, el secretario Ariel Amoroso, la presidente saliente Graciela Fresno, y el vocal Marcelo Giovannoni.
Por la AHT participaron Carlos Montaldo, presidente, Diego Gonzalez Bonorino, vicepresidente 1o, Néstor Minervini, tesorero, Daniel Manzella, protesorero, y Gastón Casoy, presidente de la filial Buenos Aires.
El objetivo de la invitación fue agasajar a las nuevas autoridades de la Comisión Directiva de la AHRCC y poder intercambiar ideas sobre el desarrollo de temáticas relativas a la realidad del sector y de los intereses que ambas entidades re