Perú tiene Ley
El turismo fue declarada actividad de interés nacional y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del país, tal como lo estipula la nueva Ley General de Turismo aprobada ayer por unanimidad en el Congreso de la República. Esta norma fue aprobada por el Pleno con 70 votos a favor. La presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Rosario Sasieta, sustentó el texto de la Ley señalando que los ministerios, gobiernos regionales, municipios y las entidades públicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible del turismo, deben considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector. Las congresistas Gabriela Pérez del Solar, Luciana León y Alda Lazo hicieron hincapié en el intenso trabajo de más de tres años que significó para la Comisión la elaboración del proyecto, que siempre buscó la participación y el consenso de todos los sectores.
El Ministro
El ministro Martín Pérez destacó la aprobación de la Ley General de Turismo y dijo que ha sido consensuada con todos los actores involucrados del interior del país y gremios del sector privado. El titular del Mincetur sostuvo que la norma incorpora las herramientas de gestión que harán de la actividad turística un sector más competitivo ya que contiene: el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, Inventario Regional de Recursos Turísticos, un Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, un Sistema de Información para la gestión turística, la Diversificación de la oferta turística (desarrollo e innovación de productos turísticos sostenibles), y la Cuenta Satélite (instrumento de medición económica), entre otros. “La Ley General de Turismo contiene 49 artículos y nueve disposiciones finales, en las cuales se establecen once principios de la actividad, tales como la inclusión social y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables y de las personas con discapacidad, el comercio justo que debe buscar una distribución equitativa de los beneficios económicos en beneficio de la población del destino turístico y la identidad”,