La comisión de Transportes de la Eurocámara exige que sean los Estados y no los pasajeros los que paguen las medidas de seguridad más estrictas en los aeropuertos. De este modo, los escáneres corporales, todavía no incluidos entre los instrumentos comunes de la Unión Europea, deberían ser financiados por los Gobiernos y no cargados como tasas.
El resultado de la votación, que todavía debe ser ratificada por el pleno, contradice la posición de los Estados miembros, que rechazan una directiva europea que les imponga la financiación pública de las medidas de seguridad. Pese a la iniciativa del Parlamento, para que se apruebe esta norma se requiere un acuerdo entre las dos instituciones.
En la actualidad, cada país aplica sus propias reglas para determinar quién paga los costos de seguridad. Aunque en algunos casos los Gobiernos participan en la financiación, como es el caso de Luxemburgo, lo más común es que las autoridades aeroportuarias repercutan estos costos a las aerolíneas, que a su vez lo hacen a los pasajeros. Además de esta demanda, los parlamentarios piden que se informe a los viajeros de la proporción de los costos de seguridad en el precio final.