En una iniciativa poco habitual en el sector de la distribución, 14 grandes agencias y turoperadores y ocho asociaciones empresariales se han puesto de acuerdo para presionar ante la Administración con el fin de “acabar con el agravio” comparativo de soportar un 16% de IVA, frente al 7% de los proveedores de alojamiento y transporte.
Para lograr este objetivo, han cerrado filas y han encargado un informe a la consultora Deloitte, que presentarán en unos días a las Administraciones de Hacienda y Turismo. Concretamente, la documentación será presentada ante la Subdirección de Impuestos sobre el Consumo, del Ministerio de Hacienda, ante la Administración turística del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y ante la Oficina Económica del Gobierno. Según asegura a HOSTELTUR el director general de AMAVE, Ruperto Donat, las empresas y asociaciones integrantes de la iniciativa, están recibiendo el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo.   
Participan en esta iniciativa las agencias Carlson Wagonlit Travel, American Express-Barceló Viajes, Eroski y Viajes Barceló; las agencias y turoperadores de los grupos Globalia (Halcón y Travelplan), Orizonia (Iberojet y Viajes Iberia), Marsans (Viajes Marsans y Mundicolor), y TUI España (Royal Vacaciones, Ambassador y Hotelopia). Y también el turoperador del grupo Piñero (Soltour) y Jumbotours. Y en cuanto a las asociaciones empresariales, están presentes AEDAVE, FEAAV, AMAVE, ACAV, UCAVE, AEDAV, ADETURE y OPC España.
La reivindicación del sector para reducir del 16% al 7% el IVA es antigua y se ha reclamado por separado, pero nunca hasta ahora se había abordado de manera conjunta. El motivo de la petición es debido a lo que el sector considera “agravio comparativo” frente a otros subsectores del turismo, como el hotelero, restauración y transporte, que soportan el 7%, frente al 16% que tienen que pagar las agencias. “Esta situación nos resta competitividad”, asegura Donat.
Asimismo, el director general de AMAVE se refiere también a la Regla de Localización que acarreará la transposición de la directiva europea en la materia, y que supondría que las agencias cobrasen con el IVA del país donde se realice ele servicio, lo que es considerado “inviable”, por Donat.
Y en cuanto a las posibilidades de éxito de la petición, Donat estima que dependerá del espíritu con que la acoja la Administración. “Si es con afán recaudatorio, hay pocas posibilidades, pero si el objetivo es ayudar a las empresas a aumentar la competitividad, es muy posible que salga adelante”. A este respecto, resulta un precedente positivo las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir cinco puntos el Impuesto de Sociedades, si bien con unos requisitos que dejan a muchas fuera.