La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado dos años y cuatro meses de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio en el grupo Marsans, Gonzalo Pascual, por presuntos delitos fiscales en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en 2002, según el escrito de acusación presentado por el fiscal Miguel Ángel Carballo.
La Fiscalía pide así la apertura de juicio oral contra ambos, así como contra el exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, para que el que se solicita la misma pena de cárcel.
El fiscal pide que todos ellos paguen un multa conjunta de 99,04 millones de euros por impago del Impuesto de Sociedades de 2002, derivado de la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet y Viajes Marsans a su antiguo propietario, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
Este será el primer juicio penal que afrontan el expresidente de la patronal y su antiguo socio por la gestión de sus empresas. Ambos declararon esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presunta apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de las reservas de viajes de los clientes de grupo Marsans.

La situación había “sobrepasado todos los límites inimaginables”
Por otro lado, y en relación a la quiebra del grupo Marsans, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual ayer trascendió que se negaron a realizar un cierre ordenado de la compañía turística dos meses antes de la quiebra anunciada el 10 de junio de 2010 y evitar así que hubiera más clientes afectados, cuya cifra alcanzó los 100.000 viajeros.
Según el contenido de un e-mail enviado el 30 de abril de 2010 por los 11 miembros del Comité Ejecutvio de Gestión de Viajes Marsans a Pascual, al que tuvo acceso Europa Press, los directivos advertían de que “la situación de las oficinas” había “sobrepasado todos los límites inimaginables” derivada del impago a los proveedores.
miembros del comité comunicaban a Pascual que “con este panorama solo se puede, de nuevo, solicitar que nos dé instrucciones para hacer un cierre lo más ordenado posible” con el objetivo de “salvar la situación de unos 60.000 clientes”, ya que con esta medida “en vez de dejar más de 100.000 clientes perjudicados solo se verían afectados unos 40.000”.
Este correo electrónico fue ratificado ayer ante el juez de la Audiencia Nacional por el entonces subdirector general de Viajes Marsans, Vicente Muñoz, en su declaración como testigo en la causa que investiga a los dueños del grupo Marsans y a la sociedad Possibilitum Business por un presunto delito de apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de las reservas de los clientes.
El exdirectivo de Marsans confirmó la situación que relata el e-mail, que constataba que existían “clientes tirados en USA, Tailandia, China, Cuba, Argentina, Perú, México, Japón y diferentes destinos europeos y nacionales”. Esta situación afectaba a Viajes Marsans y a las cuatro filiales del grupo –Tiempo Libre, Rural Tours, Viajes Crisol y Mundicolor–.