Tras una semana de intensas reuniones, habría acuerdo político para sancionar un proyecto de ley que propone varias medidas de alivio económico para el sector.

Fue una semana movida en Salta, con reuniones a contrarreloj para terminar de delinear el borrador del proyecto de ley que ingresará a la Legislatura con la intención de que, en un muy corto plazo, se declare la emergencia turística en todo el territorio provincial. La iniciativa la viene impulsando con insistencia el sector privado local desde hace meses, aunque recién ahora se habría alcanzado un sólido acuerdo político con el Ejecutivo salteño y con ambas cámaras para que la emergencia finalmente vea la luz.

El encuentro clave se produjo el miércoles, cuando el ministro de Turismo y Deportes de la provincia, Mario Peña; y el presidente de la Cámara de Turismo salteña, Carlos Eckhardt, se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, para presentarle el proyecto. Allí habrían recibido el visto bueno de parte del funcionario legislativo y el compromiso de que se tratará la próxima semana. Solamente hay un inconveniente. La Cámara de Senadores tendría que sesionar este jueves, aunque no podrá hacerlo por el feriado del 9 de julio. Por eso, desde el sector privado intentan mover los hilos para adelantar esa fecha. "Acá nos estamos jugando lo que nos queda", le dijo a Mensajero un empresario turístico de Salta para graficar la imperiosa necesidad que tiene el sector de que se sancione esta ley cuanto antes.

El proyecto prevé la emergencia de la actividad en toda la provincia por el plazo de 180 días y faculta al Poder Ejecutivo a prorrogarla por el mismo período de tiempo. En su artículo 2°, la norma explicita que los beneficiarios serán "las personas físicas o jurídicas categorizadas como micro, pequeña o mediana empresa, cuya facturación en términos nominales, correspondiente a junio de 2020, sea igual o inferior a la correspondiente al mismo mes de 2019". Luego aclara que está dirigida a firmas que realicen actividades turísticas en Salta, como servicio de transporte, hoteles y alojamientos, agencias de viajes, establecimientos gastronómicos, rent a car, guías de turismo, turismo alternativo y de reuniones, entre otros.

Las medidas que propone son la exención del pago del Impuesto a las Actividades Económicas y del Impuesto al Sello durante todo 2020, el diferimiento del 50% del Impuesto a las Actividades Económicas durante 2021, pudiendo abonar la devolución del saldo restante en 2022 con 12 cuotas mensuales sin interés; y postergar por seis meses las obligaciones derivadas de los proyectos de inversión tramitados durante la vigencia de las leyes 8084 y 8086. También plantea la suspensión del cobro del canon mensual por vehículo de transporte turístico, el asesoramiento y el apoyo del Gobierno provincial para la tramitación ante las empresas de servicios públicos con el fin de obtener reducciones y tarifas diferenciales, y el otorgamiento de avales para acceder a créditos o al mercado de capitales a través de sociedades de garantía recíproca.

Por último, se compromete a las empresas alcanzadas por la ley a no generar despidos sin causa o atribuibles a la crisis durante el tiempo que dure la emergencia. "En el supuesto de verificarse el incumplimiento a lo dispuesto, los beneficios otorgados caducarán de manera automática", dice el texto.

En caso de que se sancione la semana próxima, luego deberá llevarse a cabo la reglamentación, en donde se incluirán otras propuestas más específicas. Según estiman en Salta, todo el proceso podría demandar, en el mejor de los casos, unos 14 días.