Creado en 2003, el SITAF recorre un nuevo camino de relanzamiento a través de talleres nacionales y regionales donde representantes de las provincias, de la Secretaría de Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales (APN), tienen como meta construir una política federal para la conservación.
“Se trata de una herramienta eficaz para el trabajo coordinado de todas las áreas protegidas del país, cuya meta fundamental es constituir una política federal”, dijo a Télam la vocal del directorio de la APN, Liliana Scioli.
La funcionaria explicó que para la construcción de esa meta se requiere de la concertación y el trabajo interjurisdiccional del conjunto de los organismos competentes en la conservación de las áreas protegidas.
La Argentina tiene cerca de 440 áreas protegidas (21.500.000 de hectáreas, lo que representa el 7,7% del territorio nacional), que incluyen 13 reservas de Biósfera y 19 sitios Ramsar.
Con este número, la coordinación de acciones respetando la idiosincrasia de cada zona resulta de vital importancia para la protección de esas áreas.
De ese total, 38 corresponden a jurisdicción nacional bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales, lo que representa un total de 3.780.000 hectáreas.
Las otras están sujetas a distintos tipos de gestión (provincial, municipal, universitaria, privada, a cargo de ONG´s de gestión mixta), ya sea de dominio público o privado.
“La problemática de las áreas protegidas está dada por la heterogeneidad respecto a su situación legal, de protección, del personal, de manejo, económica- financiera, de capacitación, entre las más importantes”, precisó Scioli.
En tal sentido, el primer taller nacional, que se realizó el 2 de junio, emitió una declaración de propuestas a futuro, que incluyen la creación de nuevas áreas protegidas para cubrir los vacíos de conservación de que aún adolece la rica diversidad ecológica de la geografía argentina.
Durante el encuentro se apoyó la realización de reuniones regionales, como una posibilidad de mantener la continuidad del sistema y planificar hojas de ruta.
“Se estableció que la pertenencia a una región no sería excluyente, pudiendo una provincia participar de las reuniones de diferentes regiones cuando existan temas en común”, explic&o