La Secretaría de Transporte decidió dar de baja el permiso para operar de Southern Winds por haber “interrumpido totalmente sus servicios sin causa justificada ni permiso de la autoridad aeronáutica”. No obstante, la empresa puede recurrir a un recurso de apelación.

El lunes de la semana pasada, 23 de junio, no fue un día más. En esa fecha, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte que comanda Ricardo Jaime, le quitó a Southern Winds (SW) el permiso para operar. La información se dio a conocer tras la salida de la resolución 397/2008 de la Secretaría publicada en el Boletín Oficial, que dicta la caducidad de todas aquellas resoluciones anteriores dispuestas por la hoy inexistente subsecretaría de Transporte Aerocomercial que habilitaban a la compañía a prestar servicios regulares y no regulares de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo. De acuerdo a la resolución, la medida se aplica porque “la empresa ha interrumpido totalmente sus servicios sin causa justificada ni permiso de la autoridad aeronáutica”. Actualmente -y desde diciembre pasado- dicha autoridad no es otra que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que se creó en reemplazo de la ya mencionada Subsecretaría. A pesar de todo, Southern Winds podrá interponer un recurso de apelación.
“La empresa en cuestión no ofrecía las garantías necesarias para asegurar la adecuada prestación de los servicios atento encontrarse en concurso preventivo, conforme los argumentos expuestos”, señala la resolución. A su vez, allí se argumenta que SW no había cumplido con lo establecido por los incisos 1, 2 y 8 del artículo 135 que integra la Ley 17.285 del Código Aeronáutico.

Siete años de permisos
A través de distintos comunicados oficiales publicados entre el 27 de noviembre de 1996 y el mismo mes de 2003, la empresa obtuvo sucesivas autorizaciones para utilizar la denominación de fantasía SW, la prestación de servicios regulares internos e internacionales en las rutas concedidas, con la facultad de alterar y/u omitir escalas en esos tramos.
Las causas centrales del ocaso definitivo de la compañía tienen que ver con la realización de pocos vuelos, realizados en forma irregular y poco frecuente, con interrupciones en los servicios y con la falta de capacidad tanto técnica como económico-financiera para respaldar y hacer frente a la demanda que supuestamente, como empresa, debía satisfacer. Todos estos ítems son los que no cumplen con lo estipulado en el artículo 135 de la Ley 17.285.
Debido a las irregularidades que presentaba la compañía, la Resolución 397 explica que hace ya más de dos años atrás -el 24 de mayo de 2006-, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial le dio a SW, por intermedio de la Nota número 573, la posibilidad de defensa y presentación de pruebas con un marco tope de hasta 20 días posteriores a la salida de ese documento.
Similitudes
No es la primera vez que una compañía aérea de la Argentina presenta irregularidades de este tipo para operar. Desde hace años que se habla de Southern Winds, y la mención de la empresa, en los últimos tiempos, remite a otra compañía: Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA), que fue creada en 2002 con el propósito de absorber a los ex empleados de las compañías LAPA y Dinar.
En febrero de 2008, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia ante la Justicia contra LAFSA por “defraudación en perjuicio de la Administración Pública”. El documento aportado por Monner Sans señalaba que la compañía no volaba y que, a pesar de ello, contaba con 10 gerentes -de atención al público, de mantenimiento, de personal, de marketing, de comandantes y de tripulantes de cabina, entre otros-, 114 pilotos y copilotos, dos tripulantes de cabina, 10 supervisores jefe, 20 técnicos aeronáuticos, 10 empleados administrativos y 30 operadores de rampa.
Asimismo, las estimaciones del abogado en la denuncia consistían en que, desde su creación, la empresa le habría costado al Estado argentino alrededor de 40 millones de dólares, mientras que agregaba: “No vuela y, los que saben, afirman que no puede llegar a volar”. El sueldo del personal jerárquico (es decir, los gerentes) ascendería a 10 mil pesos, siempre de acuerdo a lo presentado por el denunciante.

Amigos son los amigos
En la empresa figuran los nombres de José Bidart -muy cercano al ministro de Planificación, Julio De Vido- y de Jorge Baravalle (consuegro del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna). Hace unos años también estaba Nicolás Scioli, hermano de Daniel, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Además, de acuerdo a investigaciones, datos y estadísticas de la Oficina Anticorrupción (organismo público creado durante el Gobierno de Fernando De la Rúa) y de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) alrededor de 70 trabajadores de LAFSA no provenían ni de LAPA ni de Dinar (algo que contradice los argumentos para la creación de la nueva empresa), mientras que 14 de ellos ni siquiera cumplían sus funciones en LAFSA, sino que lo hacían en otros lugares de trabajo. Cabe destacar que, al mismo tiempo, los listados del personal designado para cumplir funciones en la compañía estatal fue confeccionado por integrantes de distintos gremios aeronáuticos, como la Asociación Argentina de   Aeronavegantes (AAA), la Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA) y las ya conocidas APTA y APA.


NARCO-EMPRESA
El proceso de irregularidad en la prestación de los servicios y la falta de capacidad económico-financiera para respaldar las acciones por parte de Southern Winds se acentuaron luego del escándalo de las narco-valijas en 2004, que implicó el tráfico de drogas en aviones que tenían como destino el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. El caso salió a la luz en el verano de 2005.


LA FRASE
“Con mucha fe vemos este acuerdo de trabajo empresarial conjunto entre la empresa Southern Winds y LAFSA, y apostamos fuertemente a los resultados. Sabemos que los escépticos van a estar esperando que fracase, pero nosotros estamos convencidos de la calidad empresaria y de la calidad de los trabajadores para que esto pueda funcionar como corresponde”. Eso dijo el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en septiembre de 2003, durante un acto oficial, en referencia al pacto entre las dos aerolíneas que suponía que LAFSA se comprometiera a pagarle el salario a mil ex empleados de LAPA y Dinar, de los cuales 578 prestaban servicios en SW, y a entregar 3.200.000 pesos semanales en combustible regional para