El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) había condenado en 2017 a la Argentina por expropiar de manera ilícita las inversiones internacionales para Aerolíneas Argentinas. Argentina pidió la anulación del Laudo (sentencia) y le fue denegado por lo cual deberá pagar una multa de US$ 1 millón más los US$ 320 millones que debió pagar en 2017.

El Ciadi es una institución del Banco Mundial con sede en Washington y en el 2017 dictó sentencia a favor del Grupo Marsans (ex empresa multinacional de turismo española) luego de haber nacionalizado Aerolíneas Argentinas en el 2008. Nueve años después de la expropiación de la línea aérea al grupo español, la indemnización que debería haber pagado Argentina era de unos 320 millones de dólares en concepto de daños más intereses compuestos previos y posteriores al Laudo, así como USD 3,5 millones en concepto de costos y gastos legales. Mucho menos de lo que había pedido el Grupo Marsans que era al menos US$ 600 millones.

En su momento, la administración de Cristina Fernández de Kirchner pagó la cifra simbólica de un peso por la expropiación. Luego de aprobada la ley en el Congreso, el grupo español (que hace diez años se declaró en quiebra) calificó la operación de "ilegítima".  

El 17 de noviembre de 2017, la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones recibió una solicitud de Argentina en la que pedía la anulación del Laudo (sentencia por US$320 millones) y requería que la ejecución del Laudo se suspendiera hasta tanto se emitiera una decisión sobre la Solicitud.

"La solicitud de anulación de Argentina es rechazada", afirmó en su fallo el CIADI. "La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de 1.017.512 dólares en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas", agregó la sentencia.

El fallo dejó sin efecto la intención de Argentina de anular el laudo que ya había sido dictado por el CIADI en 2017. En ese momento, el organismo había determinado que el país tenga que pagar 320,7 millones por la expropiación de Aerolíneas durante el gobierno kirchnerista.

La expropiación se produjo en medio de la polémica en el año 2008, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner tomó la decisión de declarar la empresa, antigua línea aérea de bandera, entonces ya en manos del grupo español, de interés público. El Congreso argentino aprobó la ley que oficializaba esa decisión y después se tasó la empresa en un valor negativo de 832 millones de dólares. Marsans sostuvo entonces que la empresa valía 600 millones. Las diferencias de valoración acabaron en los tribunales, mientras el Gobierno kirchnerista pagó un dólar para hacerse efectivamente con la empresa.

El caso acabó en 2014 en el CIADI, en Washington, que valoró la empresa cerca de lo que pedía Marsans, que durante el proceso vendió el caso al fondo Buford Capital, que es quien pleiteó desde ese momento. Marsans quebró en 2009 y Díaz Ferrán ingresó en prisión en 2012 por el saqueo del grupo también fue condenado por defraudar al fisco 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas en 2001 por parte de Air Comet, perteneciente a Marsans. Salió en libertad provisional a principios del año pasado.