En el año 1996 una aerolínea iniciaba sus actividades con un proyecto tan ambicioso como novedoso. Con un hub en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba, Sourhern Winds conectaba ciudades entre sí, sin pasar por Buenos Aires, como Rosario, Mendoza, Bariloche, Tucumán y Salta. El proyecto se expandiría, llegando a operar desde el Aeroparque Jorge Newbery y finalmente iniciando operaciones internacionales a Madrid y Miami.
Sin embargo, en un contexto de crisis para la aviación Argentina, la caída de Southern Winds fue casi tan rápida como su ascenso. Ante la desaparición de LAPA y Dinar, el Estado crearía en 2003 LAFSA para absorber a todos los empleados. Como no poseía aviones propios, el Ejecutivo acordó con SW un subsidio de 3,2 millones de dólares para combustible a cambio de poder operar con sus aviones.
Pero el contexto no mejoraba, sin importar los 6,3 millones de dólares que Martín Varsavasky, empresario y filántropo argentino, invirtió en la empresa a fines de 2004.
El punto de quiebre para la aerolínea llegó en 2005 cuando explotó el escándalo de las “narcovalijas”, un caso de tráfico de drogas que comprometía a funcionarios de la empresa. Ante esta situación el estado argentino no renovó el acuerdo SW-LAFSA, y con su reputación y economía totalmente dañada, el fin de Southern Winds ya era una realidad.

El crimen no paga
A seis años del incidente, Southern Winds vuelve a ser noticia. Juan José Maggio, ex directivo de la desaparecida aerolínea, fue condenado, en calidad de autor, a tres años y medio de prisión por la Justicia Federal de Córdoba por “apropiación indebida de tributos” (Impuesto DNT  5%), pero hasta que la sentencia no quede firme no será encarcelado. Durante su periodo de actividad, SW retuvo la tasa del cinco por ciento que se cobra a los pasajes internacionales pero nunca cumplió con su deber de rendir ese monto a la entonces Secretaría de Turismo de la Nación.
Además, el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba dispuso que Maggio sea multado con 90 mil pesos. Otro directivo, Enrique Montero, fue sentenciado a un año y medio de prisión condicional, por lo que también seguirá en libertad, y estará obligado a pagar una multa de 30 mil pesos.
Mientras los acusados justificaron sus actos bajo el “estado de necesidad” de la compañía, el fiscal general Carlos Gonella se mostró satisfecho con la sentencia y sostuvo que la “retención indebida de tributos” es más grave que la “evasión impositiva”, ya que la aerolínea retuvo dinero que no le pertenecía sin dirigirlo a su legítimo dueño. Este miércoles se conocerán los fundamentos de la sentencia.