El Gobierno de la Comunidad de Madrid hizo público el borrador del Decreto que prepara su equipo para regular la actividad de Airbnb, junto a otras plataformas, como Homeaway o Booking. A partir de ésta, se les exigirá a las plataformas comportarse como empresas turísticas, en base a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que calificó a Uber como “empresa de transporte”. Por esto las obligará, bajo amenaza de multas de hasta 300.000 euros, a alojar únicamente anuncios de viviendas que cuenten con un certificado de idoneidad expedido por un técnico.

Además, el propietario deberá contar, entre otras cosas, con un seguro de responsabilidad civil; disponer de calefacción, agua fría y caliente; como así también respetar el ratio de capacidad de personas alojables en función de las dimensiones de la vivienda. Por último, habrá que comunicar a las Fuerzas de Seguridad la identidad de los futuros inquilinos.

En este sentido, la futura legislación también equipara la figura del propietario de los pisos a los de un empresario. Éste, si quiere ofertar un piso, deberá contar con el certificado de idoneidad para viviendas de uso turístico y ofrecer servicios de seguridad similares a los de los hoteles. El Decreto habla de contar con una ventilación directa al exterior; un extintor de mano; y señalización básica de emergencia indicando la puerta de salida.

Pese a las acciones que se están tomando, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) se mostró “totalmente en contra del borrador del Decreto emitido por la Comunidad de Madrid para la regulación de las viviendas de alquiler de uso turístico ya que es regresivo, pone en riesgo el modelo de turismo sostenible que defiende el sector y va en contra de las decisiones que se están tomando en Europa en torno a la economía colaborativa”.