Los sindicatos de trabajadores de tierra y tripulantes de cabina de Iberia, encabezados por UGT y CC OO, dieron este jueves por rotas las negociaciones abiertas para intentar buscar una alternativa al Plan de Transformación de la aerolínea aprobado el pasado 9 de noviembre, que conlleva casi 4.500 despidos -un 23% de la plantilla- y fuertes rebajas salariales, al tiempo que presentaron un preaviso de conflictividad antes de convocar oficialmente otra huelga que, en principio, prevén realizar en la segunda quincena de febrero.
El motivo esgrimido por estas centrales es que la dirección de la compañía no ha apostado por la viabilidad futura de la misma en sus propuestas, lo que les hace dudar de el verdadero objetivo de todo el proceso sea reducirla "casi a una low cost (operador de bajo coste)", hasta el punto que sostienen que su jefatura "no es ya española" porque la empresa "se gobierna desde la imposición de British Airways (BA)".
 No obstante, los paros -que serían de 24 horas y en no más de cinco días consecutivos, en la línea de los que ya fueron desconvocados a principios de diciembre- todavía no han sido formalizados, entre otras cosas porque ahora se abre un plazo de mediación de 72 horas previsto legalmente.
También están pendientes de la postura que adopten los pilotos, cuyos representantes (SEPLA) esperan una respuesta de la compañía a la última contraoferta de aquellos, que incluye un recorte del 60% en los costes salariales a cambio de que la producción de Iberia se reduzca solo un 10% en vez del 15% pretendido por la empresa.
Por parte del Ejecutivo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, insistió en pedir "más diálogo, entendimiento y acercamiento de posturas", al tiempo que recordó que en este conflicto se juegan varios asuntos importantes para el país, amén del propio futuro de la otrora aerolínea española de bandera. "Hablar de Iberia -explicó- es hablar de Barajas como hub (base de operaciones) internacional, de la movilidad de las islas, de la movilidad dentro del país, de un servicio a los ciudadanos y, en definitivo de un sector clave para la economía nacional como es el turismo".
Desde la aerolínea se negó que hayan tratado de "chantajear" a los sindicatos durante la negociación -como estos sostienen- y se remitieron a su última oferta, que pasa una reducción de la plantilla un 30% inferior a la anunciada en noviembre (de 4.505 a 3.147 despidos), un recorte salarial también menor (de entre el 11% y el 23% frente a la franja del 25%-35% prevista antes) y una reducción de capacidad más moderada (del 10% frente al 15% que se incluía en el plan original de ajuste).
Los representantes de la plantilla, no obstante, señalaron que todo pasaría por alcanzar los objetivos iniciales del polémico Plan de noviembre, fundamentalmente lograr 300 millones de euros de beneficio en 2015 frente a los 245 millones de pérdidas registrados en el primer semestre de 2012, lo cual estiman "del todo punto inviable" salvo que se reduzca la actividad "de forma severa", eliminando numerosas rutas y segregando (en todo o en parte) las actividades de handling (asistencia en tierra) y mantenimiento.
Este viernes se reunirá de forma extraordinaria el consejo del grupo IAG, tras las diferencias sostensibles mantenidas entre los representantes de los dos socios (Iberia y British Airways) en la anterior reunión del pasado 24 de enero, donde está previsto que la mayoría de representantes británicos rechacen cualquier acuerdo que no sea el cumplimiento total del Plan presentado en noviembre.
La duda es que harán los cuatro miembros españoles, dos independientes (entre ellos, el presidente de Telefónica, César Alierta) y otros dos nombrados por la nacionalizada Bankia, a quienes desde el Gobierno ya se ha hecho llegar directamente el mensaje de que es "necesario" alcanzar una salida "negociada" con la plantilla de Iberia que no implique un ajuste tan severo como el anunciado hace casi tres meses.
Por su parte, desde la dirección de Iberia (su presidente Antonio Vázquez y el consejero delegado Rafael Sánchez Lozano son consejeros de IAG) sostienen que, en contra de las acusaciones de los sindicatos de que todo el proceso se está dirigiendo desde Londres "de una manera déspota y sin respeto a las autoridades españolas", ellos tienen "toda la autoridad" para alcanzar un acuerdo negociado con los sindicatos que implique cambios en algunos de los recortes previstos en el Plan de Transformación.

Fuente: www.diariodenavarra.es