lunes, 1, marzo, 2021
CubaOnLine

El Gobierno nacional prorrogará por 90 días la cesantía de empleados y ampliará la obligatoriedad del pago de un resarcimiento económico por todo el año.

A partir de la última reunión que mantuvo ayer el Gabinete Económico, el Gobierno extendió por tres meses más la prohibición de despidos y prorrogó por todo 2021 la doble indemnización, aunque tendrá un tope de 500.000 pesos para el recargo.

De esta forma, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor y tampoco podrán disminuir la demanda de trabajo.

El decreto, que próximamente será publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, tendrá la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.

La extensión de la medida está alineada con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de desvincular empleados por la crisis que atraviesan distintos sectores, por lo tanto, en ese sentido, el primer decreto rigió desde el 1° de abril, por medio del DNU 329/2020, en la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

Algunos especialistas sostienen que esta decisión fue una herramienta de gran utilidad para el Gobierno, precisamente porque evitaron una masiva ola de despidos en actividades muy afectadas por el parate obligatorio que dictaminó la cuarentena, aunque en otros casos, muchas empresas se vieron imposibilitadas de renovar sus equipos de trabajo a raíz de los DNU.

La medida fue resuelta por la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar la pandemia de coronavirus”.

Por último, entre las ayudas que dictó el Gobierno, se destacan la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios. De hecho, también mencionó las garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES).