Las empresas del sector le solicitaron al Gobierno la "emergencia económica" para hacer frente a un déficit estimado de 3000 millones de pesos mensuales.

Los problemas para el sector de los ómnibus comenzaron varios días antes de que Alberto Fernández decrete la cuarentena nacional. El 17 de marzo, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, comunicó la prohibición de los vuelos de cabotaje, trenes y micros de larga distancia, en principio, para desalentar cualquier movimiento turístico por el fin de semana largo del 23 y 24 de marzo. Sin embargo, luego extendieron la medida hasta el 31 y ahora probablemente anuncien que seguirá hasta el 13 de abril, como mínimo. Por eso, desde el sector le solicitaron a la cartera nacional de Transporte que se declare la emergencia económica sectorial. En ese marco, le elevaron una lista con 10 pedidos para que el impacto de la crisis del coronavirus sea menor de lo esperado.

Entre las medidas solicitadas, hay algunas que apuntan a mejorar un poco la situación en lo inmediato, mientras que otras están enfocadas en el reinicio de las operaciones. Más allá de las problemáticas actuales, que no son pocas, la preocupación también está puesta en lo que ocurrirá "el día después". Por eso, entre los petitorios que acercaron los empresarios de la actividad se encuentran la exención de pagos de peajes nacionales, suspensión del toque de dársena (impuesto que se cobra cada vez que un micro ingresa a una terminal) y precios diferenciales en la carga de combustibles. "Hay que ver cómo hacen las compañías para volver a funcionar en 15 o 20 días. Fueron los propios funcionarios de Transporte quienes nos pidieron que les acerquemos propuestas. Tenemos un diálogo permanente. De hecho, hicimos muchos servicios especiales desde Brasil y Chile, y llevamos a sus provincias a los pasajeros que arribaron a Ezeiza en los vuelos de repatriación. El tema es que las respuestas concretas tardan en llegar", le dijo a Mensajero una fuente del sector.

Sin embargo, una de las principales urgencias pasa por los salarios, ya que en unos días deberán depositarles sus haberes a más de 16.000 trabajadores. Los sueldos son una parte mayoritaria del déficit mensual de más de 3000 millones de pesos proyectado para marzo y abril que tienen las firmas de ómnibus de larga distancia, según un informe publicado por la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI). En ese contexto, los empresarios exigen medidas de aplicación inmediata para poder salir del paso, principalmente la agilización de los tiempos para acceder a los REPRO. También propusieron alternativas como la exención del pago de aportes patronales, rever las tasas de fiscalización, el congelamiento del precio de alquileres de las boleterías en las terminales y la anulación de las multas de CNRT para poder seguir adelante con diferentes trámites en caso de no estar al día con esas penalidades.

A su vez, las fuentes consultadas por este medio remarcaron que continúan abonando los seguros de los micros aunque no estén circulando e insistieron en que se debe analizar la continuidad del pago de patentes: "¿Qué prefiere el Estado? ¿Que le pagues la patente o que les abones el sueldo a los empleados? Esas son las decisiones que se tienen que tomar desde lo impositivo". "Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio. Ni siquiera podemos hacer venta de pasajes a futuro porque no hay expectativas de cuándo arrancará todo", cerraron.

Pérdidas millonarias

En el informe presentado por CELADI, también pusieron el foco en la enorme pérdida de facturación que tienen las empresas por cada día que no operan. La misma ronda los 140 millones de pesos (con IVA) diarios, mientras que, si se consideran los coeficientes de ocupación en fines de semana largos, el monto alcanza los 200 millones de pesos.