La normativa, aprobada por el Congreso chileno en marzo pasado y que entrará en vigor al comenzar agosto, incluye tanto a los turistas extranjeros, como a los chilenos que no pertenecen a la etnia rapa nui. También impone requisitos a quienes quieran vivir en la isla que atrae cada año a más de 100 000 visitantes.

El atractivo mayor son las cerca de 1 000 estatuas gigantes, llamadas moais, que llegan a pesar hasta 80 toneladas y medir 10 metros, supuestamente construidas por sus primeros habitantes, los llamados rapa nui, de origen polinesio y que habrían llegado a la isla en el siglo XIII.

Un censo de población realizado en ese territorio en el año 2017 contabilizó allí  una población de 7 750 personas, cerca del doble de la que existía unas décadas atrás, a lo que se suma el creciente auge del turismo y el desarrollo inmobiliario de uno de los destinos más valorados de Chile. Según un cable de la agencia AFP, la presión turística ha puesto al límite todos los servicios básicos de la isla que tiene 163 kilómetros cuadrados, de manera particular en el manejo de la basura con 2,5 toneladas al año, casi el doble de lo que se generaba  diez años atrás.