Los pronósticos hacen pensar que el kirchnerismo no tendrá inconvenientes para convertir en ley la expropiación de Aerolíneas y Austral esta semana en el Senado, pero de todas formas la oposición insiste con su plan de fundar una nueva empresa.

Todo indica que sólo resta esperar hasta este miércoles, 17 de diciembre, para que el proyecto de expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral sea ley. Hay confianza en el oficialismo para sumar los votos necesarios en el Senado y sacarse de encima el «trámite», tal cual lo definió, el presidente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, cuando dialogó con este medio durante la votación en Diputados. A pesar de ello, la oposición ensaya movimientos que le permitan generar una alternativa ante la recuperada fuerza del kirchnerismo en el Parlamento, luego del debilitamiento provocado por la derrota en la sesión por las retenciones móviles. El último martes, los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista (PS) de la Cámara Alta presentaron un dictamen de minoría, rechazando la propuesta mayoritaria de expropiación de acciones, planteada por el Frente para la Victoria. La iniciativa, que ya había sido expresada casi por los mismos actores en agosto, cuando se discutiera el proyecto de rescate de AR y Austral, consiste en expropiar sólo los activos de las compañías (“bienes inmuebles, muebles, instalaciones, maquinarias, bienes intangibles, derechos, marcas y patentes, y demás bienes convenientes o necesarios para cumplir con la prestación del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga”, de acuerdo al texto) y crear una nueva -también estatal-, llamada Nueva Aerolíneas Argentinas S. A. Los senadores K, emitieron un dictamen que replica los lineamientos de lo aprobado en la Cámara Baja, donde introdujeron cambios como el de distinguir la deuda legítima de la fraudulenta, a pedido del bloque Solidaridad e Igualdad (SI) y del legislador Claudio Lozano.

En detalle
Entre los principales ítems del dictamen opositor, se encuentra lo que se manifiesta al final: “En ningún caso el Estado Nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad a crearse por la presente ley, ni la capacidad de decisión estratégica ni el derecho de veto en las decisiones de la misma”. A su vez, el artículo 4º dice: “Transfiérase a la empresa Nueva Aerolíneas Argentinas S. A. la totalidad de las concesiones, permisos, autorizaciones y demás licencias que de hecho o de derecho fueran de titularidad de Aerolíneas Argentinas S. A. y de Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S. A., a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. Esta particularidad apunta a dejar sin efecto el argumento oficialista que sostiene que crear una nueva empresa supondría perder todos esos requisitos necesarios para volar. A su vez, como ya habían aclarado los legisladores que defienden el proyecto, esta compañía absorbería a todos los empleados que hoy se desempeñan en AR y Austral, reconociéndoles su antigüedad, categoría y demás derechos laborales en el marco de la negociación de los Convenios Colectivos de Trabajo aplicables.
El artículo 7º dice que el directorio de la nueva empresa deberá estar integrado “por representantes del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores y los usuarios”.
Dos puntos centrales son los establecidos en los artículos 12º y 13º. El primero plantea que el Estado argentino le reclame fondos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Gobierno de España, para “cubrir pasivos contingentes de Aerolíneas Argentinas S.A. en el marco del convenio de transferencia de Octubre de 2001”. El segundo se refiere a la actividad aerocomercial en general y propone que en 30 días “el Poder Ejecutivo presente a consideración del Honorable Congreso de la Nación un plan integral de saneamiento del sector, que contemple un plan estratégico de conectividad nacional e internacional”.
El dictamen señala que debe crearse una Comisión Bicameral Investigadora -compuesta por seis diputados y seis senadores- que se ocupe de analizar el proceso iniciado el 18 de julio de 1990, con la privatización, en aquel momento, de Aerolíneas y Austral. Entre las responsabilidades de la Comisión estará juzgar el rol cumplido por los representantes del Estado en el directorio de las compañías en estos 18 años, y de los funcionarios públicos que hayan intervenido en su funcionamiento.

Las voces de la oposición
“Jaime trajo al Congreso el proyecto de expropiación en el peor escenario posible, con la mayor debilidad jurídica para el país, luego de que se firmara el acta acuerdo. Además, hasta ahora el Estado ha puesto casi 900 millones en Aerolíneas y vamos a superar los mil millones a fin de año”, fustigó el presidente de la UCR y senador nacional, Gerardo Morales, quien señaló que Marsans no necesita ir al CIADI para llevar adelante un juicio, ya que “puede avanzar en ese sentido ante la Justicia argentina”. Su compañero de bloque Alfredo Martínez explicó en diálogo con Mensajero que si bien ellos planteaban la quiebra con continuidad, “ahora el panorama es otro y hay que actuar frente a la expropiación de acciones que defiende el kirchnerismo. Hacer eso implica asumir la deuda y por eso queremos expropiar sólo activos”. Además, expresó que el Gobierno se maneja con la lógica del acta acuerdo y que “la prueba de que está vigente es que Julio Alak es el gerente general de las compañías, como acordaron con Marsans”.
Martínez lanzó una chicana para el diputado Ariel Basteiro, que días atrás le dijo a este periódico que expropiar sólo activos era ilegal, porque no estaba contemplado en la Ley de Expropiaciones 21499. “Tendría que leerla un poco mejor Basteiro”, dijo el radical entre risas.
María Eugenia Estenssoro, de la CC, sostuvo que “lo más importante es dejar en claro que el Estado no puede asumir la deuda”, e insinuó que hay un acuerdo entre Marsans y el Gobierno.

¿En qué quedamos?

Edgardo Llano había expresado que era probable que los gremios se movilizaran el 17, y Jorge Pérez Tamayo indicó que ya hay diálogo entre los sindicatos para marchar hasta el Congreso y presionar para que el Senado apruebe la expropiación. Lo curioso es que el propio titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) había rechazado la opción de expropiar hace poco más de un mes, cuando este medio lo consultó.