Vicente Robles, ex concesionario del cerro Catedral reclamó diez millones de pesos a la provincia de Río Negro por su desalojo ocurrido en mayo del año 2003. Actualizando el monto pedido, hoy por hoy asciende a unos 20 millones. La Corte Suprema resolvió que ese conflicto constituye un “debate netamente local” por lo cual el asunto deberá ser resuelto por la justicia rionegrina.
El concesionario había sido excluido judicialmente de la explotación del cerro Catedral y el Estado provincial había asumido en ese momento -2003- la opción de compra del equipamiento y los medios de elevación. Por esos activos la empresa estimó un perjuicio de 10.031.898 pesos ya que pudo retirar algunos bienes pero otros no. De acuerdo a la demanda: “El Estado provincial se apropió de bienes realmente importantes sin pagar suma alguna”. La presentación fue realizada también  contra  la Administración de Parques Nacionales - API-, que se excusó del reclamo ya que habría donado los terrenos en cuestión. La justicia de la Provincia calificó a la demanda contra el organismo nacional como “forzada y arbitraria” y como una “justificación ficticia para introducir una supuesta cuestión federal”. La Corte, en su análisis, sostiene que el plazo de concesión fue cumplido y que la concesionaria no individualizó ningún hecho que le hubiera producido algún tipo