La falta de verdadero peso político en las asociaciones gremial-empresarias de la industria turística genera grandes incertidumbres entre los empresarios del sector y los lleva a replantearse las verdaderas ventajas de la asociatividad o a crear nuevas entidades que fraccionan aún más el escaso poder político que dicen poseer.
Tal vez hoteleros y gastronómicos realicen una acción más política frente a conflictos laborales o salariales, pero en líneas generales pocos reconocimientos han obtenido en materia impositiva o legislativa.
En todos los casos no es la voluntad de los dirigentes la que está en discusión, sino su capacidad para hacer valer la importancia del sector en la economía del país.
La simple buena relación con el Secretario de Turismo de turno no es garantía de voluntad política, y mucho menos aún que su intervención deba resolver los problemas planteados por los quilates de su investidura.
Al día de hoy, las instituciones se alinean con la Sectur más por su conveniencia económica que por su comunión con las ideas que surgen de Suipacha 1111.
Es cierto que se han aclarado muchos grises en la relación sector público-sector privado, pero no es menos cierto que no han sido precisamente los empresarios los que buscaron clarificar dicha relación.
Hoy, por ejemplo, los agentes de viajes se encuentran frente a un verdadero problema que podría cambiar definitivamente el rumbo de sus empresas, sin importar la magnitud de su negocio.
En poco tiempo más un fallo de la AFIP podría afectar seriamente las arcas de todas las agencias de viajes que realizan pagos por pasajes aéreos o servicios turísticos por valor superior a los mil pesos en efectivo.
Si bien el pago en efectivo es una modalidad que responde a los usos y costumbres en nuestro país, la ley del impuesto al cheque obliga a bancarizar todas las operaciones que superen dicho monto y ahí se presenta el problema.
La investigación arrancó en una de las empresas de mayor volúmen de facturación del país y si el fallo es contrario a la empresa se dispararía rápidamente una acción hacia todo el sector, generando gran incertidumbre en el futuro inmediato de los empresarios turísticos.
Y este no es un tema menor aunque se le quiera restar importancia en las respuestas dadas. Lo mismo sucede con el prometido impuesto a las operaciones realizadas con las tarjetas de crédito propuesto por el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri.
Dicho impuesto seguramente será una vez más distorsivo y sólo servirá para paliar los problemas de caja de una administración que no ha sabido cómo dosificar la importante recaudación impositiva que hoy se da en nuestro país.
Los funcionarios Pro de la ciudad de Buenos Aires no logran ponerse de acuerdo con los funcionarios K de la Nación y una vez más el factor de ajuste son aquellos que con su trabajo permiten que todo siga funcionando.
Es hora que las entidades gremiales-empresariales del sector turístico comiencen a ejercer unidas el lobby necesario para que el negocio siga existiendo. Las actitudes timoratas sólo van a prolongar la agonía y difícilmente se vuelva atrás de las medidas, una vez que éstas hayan sido legisladas.
Hace falta un plan de acción que demuestre que la industria turística en su conjunto es importante para la economía del país y no solamente números que se exhiben para recolectar votos.

Manuel Sierra
msierra@mensajeroweb.co