jueves, 1, octubre, 2020
CubaOnLine

El proyecto del Frente de Todos obtuvo dictamen en el plenario de las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda. La semana que viene se debatirá en el recinto.

Más de tres horas duró el plenario de las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, en el que se debatió largo y tendido sobre el proyecto unificado del Frente de Todos para asistir a la actividad turística. El despacho del oficialismo aglutinó las propuestas contenidas en siete textos diferentes, que fueron presentados por varios senadores desde marzo a esta fecha. La oposición manifestó su coincidencia con la gran mayoría de los puntos contemplados en el documento titulado “Ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional”, aunque planteó tres modificaciones. En ese marco, el texto obtuvo dictamen con un solo cambio, mientras que los dos restantes serán tratados la semana que viene, cuando sea debatido en el recinto.

Uno de los puntos de conflicto fue el “principio de solidaridad” planteado en el artículo 3°, que establecía los beneficios de la norma para “los territorios cuyo ingreso principal es el turismo en todas sus variantes”. Varios senadores interpretaron que, a partir de esa frase, muchas provincias quedarían afuera de la asistencia estatal. Sobre el final de la charla,  Maurice Closs y Ana Ianni, dos de los senadores que impulsan el proyecto, acordaron borrar por completo ese párrafo para evitar confusiones.

A grandes rasgos, el proyecto contempla casi todos los pedidos que hizo el sector privado del turismo e incorpora algunas propuestas del texto que avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, como el Programa de Preventa Turística. Las medidas estarían vigentes por 180 días, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo las prorrogue por el mismo período de tiempo. Persigue el objetivo de “paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por COVID-19, y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.

Muchos senadores, incluidos los opositores, coincidieron en señalar que se trataba de un proyecto “completo”. Entre otras cosas, se establece la extensión de los ATP para las firmas del sector por el lapso de seis meses, la reducción del 95% de las contribuciones patronales por el mismo período de tiempo, la prórroga por 180 días de todos los impuestos existentes o a crearse que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades alcanzadas por la norma; suspensión de cualquier tipo de medida cautelar solicitada por AFIP o ANSES; y reducción en las alícuotas del impuesto sobre crédito y débitos bancarios.

En materia crediticia, en el artículo 14° se instruye al Banco Central a disponer, a través del Banco Nación, y en el plazo de 30 días corridos desde la sanción de la ley, una línea de créditos exclusiva para la actividad turística. “Será destinado al pago de servicios públicos, capital de trabajo y/o cualquier otro costo fijo que las empresas deban soportar durante la vigencia de las restricciones generadas por la pandemia”, argumenta el documento. Los créditos se abonarían en 36 cuotas, con seis meses de gracia, y con una tasa de interés del 0% para los primeros 12 meses y del 20% para el tiempo restante.

Entre las novedades, sobresale una asistencia no reembolsable por un monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles para dueños de pymes turísticas que no tengan otra actividad. No obstante, este punto también será revisado la semana que viene en el recinto.

Un empujón al consumo

A su vez, en el artículo 17° se crea el Plan de Reactivación del Turismo Interno, con la puesta en marcha de varios programas. El primero de ellos es el bono fiscal vacacional, una especie de cupón de crédito al que accederán las familias cuyos ingresos netos no superen cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Es un descuento que se podrá utilizar exclusivamente para el pago de servicios ofrecidos por alojamientos, agencias de viajes, compañías de expendio de comidas y bebidas, aerolíneas, empresas de transporte turístico y regular, alquiler de automóviles y servicios de transporte ferroviario interurbano de pasajeros.

Podrá ser solicitado por única vez por un solo integrante del grupo familiar. Por otra parte, desde el momento de la facturación del servicio, el monto constituirá un crédito fiscal en favor de las empresas para ser usado en compensación de impuestos, contribuciones nacionales y transferencias a terceros.

Luego aparece el régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales, que es la ya conocida propuesta que contempla el proyecto del diputado nacional Ramiro Fernández Patri. Consiste en la devolución del 50% del monto total de cada operación de compra de viajes a destinos nacionales para utilizar durante 2021 en la adquisición de otros servicios turísticos.

Por otro lado, se crea el programa Turismo para Personas Mayores, con el objeto de sostener la actividad de los destinos durante las temporadas bajas, y el programa de Financiación de los Paquetes de Viajes de Turismo Estudiantil. Este último aportará una línea de crédito específica del Banco Nación para las agencias que trabajen en ese segmento.

En el tintero

Si bien el proyecto contó con un amplio consenso entre los integrantes de ambas comisiones, hay un punto que todavía no termina de cerrar. Se trata del artículo 28°, referido a las reprogramaciones y cancelaciones. Al igual que en el texto que está en la Cámara Baja, se plantean tres alternativas para los viajes que no pudieron realizarse por la pandemia: la reprogramación manteniendo las mismas condiciones de la contratación original, la emisión de un voucher para usar más adelante y el reintegro del monto abonado con un pago de 3 a 6 cuotas iguales y consecutivas. Sin embargo, algunos legisladores pusieron el acento en la complejidad de este tema. Ese fue el caso del propio Closs, quien aclaró que no tiene una opinión formada al respecto: “Algunos dicen tratemos de que se haga el viaje sí o sí y de evitar las cancelaciones, pero también hay que ponerse del lado del consumidor”. Por su parte, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado explicó que “las pequeñas agencias tendrían que devolver miles y miles de dólares que tal vez incluso a ellas no se los hayan reintegrado los proveedores”.

En ese marco, tanto Rodríguez Machado como Martín Lousteau adujeron que el despacho ingresó apenas dos horas antes del inicio de la reunión, por lo que muchos no tuvieron el tiempo necesario para leerlo en detalle. Por eso, solicitaron un plazo de 24 o 48 horas para trabajar en algunos puntos y llegar a un consenso completo. Closs dio lugar a esa posibilidad, aunque aclaró que cualquier demora implicaría perderse la próxima sesión del Senado y retrasar aún más esta medida tan urgente como necesaria. Finalmente, los integrantes de ambas comisiones accedieron a firmar el dictamen con la quita del artículo 3°, dejando para el debate en el recinto las cuestiones referidas a cancelaciones y reprogramaciones.