sábado, 30, mayo, 2020
CubaOnLine

La lentitud burocrática y las trabas en los bancos les complican el financiamiento del pago de sueldos a las empresas argentinas.

Lo expresó el Gobierno nacional una y otra vez: el pago de sueldos de marzo y abril era una de sus principales preocupaciones. Por eso, antes de ir a fondo con la publicación vía DNU del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ya había tomado una serie de medidas destinadas a ayudar a las pequeñas y medianas empresas argentinas a abonar los haberes de sus empleados. Una de ellas fue la Comunicación A 6937 del 19 de marzo, emitida por el Banco Central, en la que se establecía una nueva línea de créditos al 24% anual para firmas con certificado MiPyme. Para alentar a los bancos a otorgar estos préstamos, la entidad monetaria estableció una serie de beneficios, como la flexibilización de las tasas de encaje y el aumento del porcentaje permitido de recompra de Leliq.

Sin embargo, según supo Mensajero, a casi un mes de aquel anuncio, muchas pymes continúan con problemas para acceder a los créditos para pago de sueldos. Los motivos son varios. Uno de ellos es que algunos bancos aún no pusieron en marcha los préstamos dispuestos por el BCRA. Por ejemplo, Santander recién los lanzó este martes, mientras que Galicia hizo lo propio la semana pasada. El segundo punto reside en el cupo. La disponibilidad de dinero asignado a esa línea varía según cada banco y, obviamente, es limitada. Si se le destinan 70.000 millones de pesos y hay 200.000 compañías que envían solicitudes, no habrá plata para todas. Y es bien sabido que, en este contexto, no son pocas las firmas necesitadas de liquidez.

En tercer lugar están los requisitos para acceder a los créditos. Lógicamente, las entidades financieras privilegiarán a aquellas firmas a las que les puedan cobrar y descartarán a las que estén ahogadas en deudas. Justamente, para esas compañías con números en rojo es que el Gobierno lanzó hace unos días un fondo de garantías vía decreto. De esta manera, con una suma de 30.000 millones de pesos, el Estado pretende auxiliar a esas empresas urgidas. Sin embargo, hasta ahora tampoco fue una solución, ya que la reglamentación de ese DNU viene demorada, por lo que ningún banco tiene las reglas claras y no sabrían cómo operar ni cuál es la contrapartida. Por lo tanto, hasta que los tiempos de la burocracia y de la política no se aceleren, la situación de miles de pymes se irá agravando.

Mientras se definen todas estas cosas, los empresarios hacen malabares para hacer frente a sus obligaciones financieras. Muchos de ellos tienen que pagar impuestos y contribuciones que ya están devengadas y que vencen este lunes, así como abonar salarios. ¿Qué se debe hacer ante este complejo escenario? Esa es la gran pregunta que aún no encuentra respuesta.