sábado, 16, enero, 2021
CubaOnLine

A pesar de que aún hay sospechas respecto a una supuesta negociación entre el Gobierno argentino y Marsans para fijar un precio que le convenga a las dos partes, el Congreso ya dio el primer paso hacia la expropiación de Aerolíneas y Austral. La semana que viene se votaría en el Senado.

“Hoy va a ser un trámite”, dijo confiado el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, en diálogo con este medio. Eran casi las 18:00, faltaba poco para que se votara, y el gremialista decía esto en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, a pocos metros del recinto, donde los legisladores seguían exponiendo. Llano no se equivocó: el resultado del trámite fue 152 votos a favor del proyecto de expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, y 84 en contra. Tras obtener la media sanción, se estima que el miércoles 17 el tema sea debatido en el recinto de la Cámara Alta.
El primer legislador en hablar durante la sesión especial de Aerolíneas en Diputados fue el presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, Mariano West, del Frente para la Victoria, quien le hizo un guiño a algunos bloques: “Queremos promover verdaderos consensos, y por eso vamos a aceptar cambios en el texto de la ley”. Unos minutos más tarde, confirmó que se iban a incluir las sugerencias del bloque Solidaridad e Igualdad (SI): que se presente un plan de negocios, un plan operativo y un plan estratégico en un plazo de 180 días; que se cree un organismo federal para controlar las compañías y para garantizar que los servicios lleguen a todo el país; y que se discriminen la deuda legítima de la fraudulenta. “No vamos a pagar ninguna deuda ilegítima”, se encargó de aclarar West, que además les tiró flores a los empleados de AR y Austral: “Quedó comprobado que el amor de los trabajadores es capaz de dar vuelta la historia”, manifestó.
Quien no fue tan bondadoso con los empleados de las líneas aéreas fue el diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Carlos Morán, quien cedió su tiempo para hablar con Mensajero Periódico Turístico y afirmó que “lamentablemente, hay algunos gremios que son parte de la corporación kirchnerista, como APLA”. También acusó al titular del gremio de pilotos, Jorge Pérez Tamayo, de ser “un operador del kirchnerismo y no un representante de los trabajadores”. Y agregó: “Los pilotos de Aerolíneas vuelan, en promedio, 30 horas por semana, y ganan 17 mil pesos por mes. Creo que tendrían que ajustarse al régimen con el que se manejan todas las empresas del mundo, que consiste en 80 horas de vuelo semanales”.
Morán defendió el proyecto que su bloque, el del Pro y el de la UCR vienen planteando hace rato. Sostienen que la solución es crear una nueva compañía, que en un primer momento opere con una flota homogénea, compuesta por 30 aviones modernos, más chicos que los actuales, y que impliquen menores costos. “Hay que hacerse cargo de los vuelos de cabotaje, incluso de los deficitarios, y dejar para una segunda etapa los internacionales”, sostuvo el legislador de la CC, que una y otra vez, tanto durante su exposición como en la entrevista con este medio, remarcó que la aprobación del dictamen de mayoría -el del Frente para la Victoria- implicaba que todos los argentinos se hicieran cargo de 1100 millones de dólares. Morán señaló que por ese motivo no comparten la idea del SI y de Lozano de distinguir entre deuda legítima y fraudulenta: “Nosotros no creemos que haya que rescatar a las empresas, como así tampoco hacernos cargo de ninguna deuda”, destacó. Por su parte, el gremialista Llano denostó las propuestas de la oposición. El dirigente de APA argumenta que es muy difícil conseguir aviones y conformar una nueva flota, sobre todo para una empresa que recién se crea.

Nadie pone las manos en el fuego
Otro de los ejes de la discusión en el Parlamento fue la desconfianza que en algunos inspiran las figuras del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, como garantes del funcionamiento de AR y Austral. Eduardo Macaluse, presidente del bloque SI, lo graficó de la siguiente manera ante la consulta del Mensajero: “Es como si el Congreso estuviera construyendo el mejor auto, pero sabemos que lo van a manejar Jaime y De Vido, que garantizan que va a chocar. Sin embargo, el hecho de que esos funcionarios estén depende del Poder Ejecutivo y no de nosotros”.
En ese sentido, Morán consideró que “investigar absolutamente todo lo que pasaba en Aerolíneas y Austral forma parte de los deberes de funcionario público, y por eso deben ser juzgados quienes ocuparon lugares en el directorio por parte del Estado”. El diputado de la CC fue aún más lejos y dio a entender que hubo un acuerdo entre el Gobierno argentino y Marsans, a partir del cual “el gobierno kirchnerista miró para el costado mientras se hacía fraude con los balances y se vaciaba a las compañías, y el grupo español, por su parte, aportó 398 mil pesos para la fórmula presidencial Cristina Fernández-Julio Cobos”. Basteiro desestimó esa teoría, al señalar que “si hubiese habido un acuerdo, no se estaría expropiando la empresa y Marsans no estaría yendo a un juicio”, en tanto que Llano sorprendió con su posición: “Puede que los funcionarios del Estado tengan responsabilidad en el proceso que Aerolíneas atravesó en estos años por no haber hecho algunas cosas. Con la gestión de Julio Alak y de Vilma Castillo, es la primera vez desde la privatización que los gerentes se hacen cargo de la empresa todos los días, viendo cada detalle y trabajando 12 o 13 horas. Esto no había pasado nunca con los anteriores directores por parte del Estado”. De esa forma, lanzó una crítica a su ex compañero de APA Basteiro, que ocupó el directorio hasta el año pasado.

Por debajo de la mesa

Una hipótesis de lo que puede suceder con el traspaso de AR y Austral es que el Estado y Marsans terminen acordando un precio, con la intermediación del Gobierno español. En estos últimos meses, funcionarios de la administración K y hasta un diputado oficialista que pidió reserva insinuaron que eso será lo que finalmente pase, y uno de ellos llegó a expresar que la cifra que recibiría el grupo empresario asciende a 300 millones de dólares. “Lo que consta al Gobierno es que se sigue negociando”, le dijeron a la agencia AFP desde el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien espera por la tercera valuación de las compañías, a cargo del Banco Mundial. Por su parte, Vicente Muñoz, de Marsans, ya dijo que irán a juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) si se concreta la expropiación.