Ya pasaron los 60 días hábiles desde aquel día en que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime y los directivos de Marsans firmaron el acta acuerdo para re-estatizar AR y Austral. Este martes hay prevista una reunión de accionistas.

Se terminó el período de transición de 60 días hábiles para el proceso de re-estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Para este martes, 14 de octubre, estaba prevista en la sede que AR tiene en la calle Bouchard, en Retiro, una reunión entre los accionistas de las compañías. La semana pasada, el banco Credit Suisse, elegido por el Grupo Marsans para dar su veredicto sobre el valor patrimonial, le acercó a los españoles los resultados de su trabajo, aunque Jorge Molina, uno de los integrantes del directorio mixto de Aerolíneas y Austral, le indicó a Mensajero Periódico Turístico que esas cifras no se iban a dar a conocer hasta que se sentaran a la mesa con los representantes del Estado argentino. Por su parte, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo designado para dar la versión de la parte compradora, aún no concluyó su trabajo (“No creo que el Tribunal tenga los técnicos ni los elementos para valuar correctamente, están complicados”, le dijo Molina a este medio). Sin embargo, el diputado Ariel Basteiro -ex director en AR y ex gremialista de la empresa-, que integra la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, afirmó que “esta noche va a haber un avance” en la auditoría que lleva a cabo el Tribunal y que “el lunes o el martes van a estar los resultados”.

Preparen los bombos
La asamblea de accionistas no es lo único trascendente que tendrá lugar el martes, dado que los sindicatos de Aerolíneas tienen planeado marchar hacia el edificio de la empresa, donde estarán reunidos los españoles y los interlocutores del Gobierno. “Los gremios van a estar atentos para ver qué sucede en la asamblea, porque si hay un principio de acuerdo, no hay movilización. El plan de acción va a depender de cómo se desarrolle el encuentro entre las partes”, precisó Basteiro, que teme que los españoles no acepten el precio planteado desde el Estado Nacional: “Si los españoles se hacen cargo de vuelta hay quiebra. Ese sería el certificado de defunción de Aerolíneas Argentinas”. Entonces, ¿cuál es el plan “B”? Y si los españoles estuvieran de acuerdo, ¿qué pasaría si el Congreso de la Nación no aprueba el valor? “Un plan ´B´ sería avanzar con una ley de expropiación”, consideró el legislador filo-kirchnerista, que integra el bloque Encuentro Popular y Social. Ante la consulta de este medio acerca de la contradicción en la toma de decisiones que podría suponer expropiar -en términos de imagen hacia el mundo- luego de que se anunció una reapertura de la negociación de la deuda por parte del Gobierno, el ex gremialista de la Asociación de Pilotos Aeronáuticos (APA) expresó: “Tampoco es gratis expropiar, hay una suma que se debe pagar, aunque claramente menor a la de un proceso de compra-venta. Simplemente se trataría de defensa de soberanía”. La posibilidad de la ley de expropiación ya había sido jerarquizada por el diputado del Frente para la Victoria Ramón Ruiz, que días atrás presentó un proyecto legislativo complementario de la re-estatización (ver recuadro). “Si no hay consenso, es probable que Marsans vaya ante el CIADI (N. de la R.: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que funciona dentro de la órbita del Banco Mundial), y ahí sí podríamos plantear la expropiación”.

Para acompañar

El legislador K Ramón Ruiz presentó un proyecto de ley complementario al que fuera aprobado para la re-estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Además, modifica la ley 19.030, sancionada en 1971 durante el gobierno de Alejandro Lanusse. Algunos de los puntos centrales del texto elaborado desde el despacho de Ruiz son las modificaciones a los artículos 26º y 32º, donde se incorpora que “se podrán fijar tarifas especiales a los efectos de facilitar el traslado a discapacitados, docentes y jubilados, dentro y fuera del territorio nacional…”, y que Aerolíneas y Austral deberán garantizar al menos el 50 por ciento del espacio aéreo nacional, dejando el 50 por ciento restante para las otras compañías que operan en el país, respectivamente. Otro artículo destacado es el 6º, que dice: “La línea aérea de bandera nacional no se encuentra obligada a contratar seguro aerocomercial en el país, si encontrándose obligada a hacerlo internacionalmente”. La elaboración del texto contó con la participación de integrantes de APLA, según le dijo Ruiz a este medio.