domingo, 25, octubre, 2020
CubaOnLine

Hasta ahora el Estado giró alrededor de 600 millones de pesos para sostener a Aerolíneas Argentinas y Austral. La Justicia quiere saber si ese dinero se transfirió como aportes de capital, que sería reconocido por Marsans, o como un gasto.

Si bien la aprobación del proyecto de rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral representó una bocanada de aire fresco para el Gobierno Nacional, no todo es color de rosa luego del voto positivo mayoritario en el Senado. La Justicia investiga ahora bajo qué concepto -como aportes de capital o como un gasto público- el Estado aportó dinero para garantizar la operatividad de las dos compañías. El juez a cargo del concurso de AR, Jorge Sícoli, solicitó tanto al Grupo Marsans como al ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que dirige Julio De Vido, informes acerca de dichos aportes, precisamente para poder determinar el carácter de los mismos y, a su vez, el destino preciso que tenían. Sorpresivamente, los españoles, a través de sus abogados, expresaron en el documento solicitado que se trató de aportes anticipados del Estado argentino -según publicó el diario Crítica de la Argentina-, lo que equivale a decir que fueron fondos de capital y, por lo tanto, una inversión, considerando que en el futuro tendrá que administrar las aerolíneas. En relación a la utilización del dinero, el grupo accionista aseguró que en pocos días brindaría la información. Por su parte, desde Planificación aún no contestaron nada.
Además de lo manifestado por Marsans, la propia ley de re-estatización indica, en su artículo 6º que “el monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo anterior podrá instrumentarse como aportes de capital y/o como créditos a favor del Estado Nacional, debiendo realizarse las adecuaciones presupuestarias correspondientes”. El artículo anterior, es decir el 5º, dice que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima hasta el 31 de diciembre de 2008, debiendo realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informando sobre dichas transferencias a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones”.
Sin embargo, semanas atrás, cuando aún no se había llevado a cabo la sesión en el recinto de la Cámara Alta y se estaban desarrollando los plenarios de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, e Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, el funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN) Alfredo Fólica expresó que el Estado estaba aportando a AR y Austral, en concepto de gastos. “Yo preferiría que se hiciera de otra manera”, acotó en ese momento el auditor. Las mismas dudas acerca del modo en que se estaba financiando a las compañías fue lo que motivó el pedido de informes por parte de Sícoli.

Oposición
Mensajero Periódico Turístico consultó al diputado radical Rubén Lanceta, que integra la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. “Sería una locura que los aportes se hayan hecho como un gasto del Estado. De todas formas, sea como sea, se trata de un procedimiento totalmente irregular teniendo en cuenta que la intervención en Aerolíneas Argentina se produce tras la firma de un acta-acuerdo que no tiene basamento jurídico, según expresa la Ley de Procedimientos Administrativos.
Los legisladores de la oposición que integramos la Comisión ya le manifestamos esto a (Eduardo) Mondino -Defensor del Pueblo de la Nación- y estuvo de acuerdo con nuestra postura. Una vez que se promulgue la ley de re-estatización, él tendrá que ver si se procede a la nulidad del acta”.
El legislador radical también aprovechó para criticar al Gobierno y al secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime: “Estoy convencido de que hay funcionarios que se beneficiaban personalmente con la firma del acta. Sino no se explica el haber avanzado con semejante cosa”.
A pesar de sus consideraciones, Lanceta es, en el fondo, optimista respecto al traspaso de AR y Austral, ya que cree que “esto terminará en un juicio ante el CIADI -filial del Banco Mundial que arbitra en los litigios entre los inversores extranjeros y los Estados nacionales-, que seguramente será ganado por el Estado argentino”. “Estimo que el CIADI determinará la nulidad del acta, y sino, ahí sí estaríamos en problemas”, añadió el diputado.
A su vez, Lanceta remarcó que él y los otros legisladores opositores de la Comisión Bicameral -Adolfo Rodríguez Saá, Esteban Bullrich y Juan Carlos Marino- van a pedir una audiencia con la magistrada a cargo del juzgado 35 de Madrid, que investiga los pormenores del caso de Aerolíneas Argentinas.
Por último, el diputado por la Provincia de Buenos Aires se mostró de acuerdo con el proyecto de ley del senador del ARI-Tierra del Fuego, José Martínez, que propone la creación de un Consejo Nacional que administre el directorio de AR y Austral, con la participación del Poder Ejecutivo, el Congreso, los trabajadores, las provincias, y las entidades del turismo y el transporte.

La plata va y viene

Se estima que la cantidad de dinero aportada por el Estado Nacional asciende, por ahora, a 600 millones de pesos, aproximadamente. Cuando estuvo de visita en el Senado de la Nación, el gerente general de Aerolíneas y Austral, Julio Alak, dijo en ese entonces que se habían puesto 309 millones. Hoy, habría que sumar a esa cifra otros 295 millones que el jefe de Gabinete de ministros, Sergio Massa, transfirió, a través del presupuesto nacional 2008 a las dos empresas, para pagar sueldos y mantenerlas operativas. Una parte significativa de esa suma estaba destinada a los programas “Desarrollo de la infraestructura habitacional- Techo digno” (157 millones), “Acciones para el mejoramiento habitacional y la estructura básica” (50 millones) y “Urbanización de villas y asentamientos precarios” (30 millones).